El canciller del Estado, Fernando Aramayo, considera que las movilizaciones que asedian al Gobierno tienen financiamiento del crimen organizado internacional.
Hace más de 10 días, el país está asediado por movilizaciones sociales y bloqueos, particularmente en La Paz. Los sectores sociales piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz, quien asumió el cargo hace poco más de seis meses. Las manifestaciones han comenzado a generar violencia y están provocando el desabastecimiento de alimentos, medicamentos y combustibles.
“Esta es una violación a los derechos humanos, esto tiene financiamiento del crimen organizado internacional, esto no se financia solamente con los recursos propios, esto es algo financiado para desestabilizar al Gobierno”, dijo Aramayo en El Deber.
En criterio de la autoridad, no es casualidad que las movilizaciones se hayan endurecido “justo cuando empezamos a asestar golpes certeros al narcotráfico, al crimen organizado, a importantes líderes del narcotráfico como el señor Marset, de carteles de la droga, el señor (Evo) Morales sale con sus movilizaciones, esto no es coincidencia”.
En ese contexto, Aramayo dijo que convocaron al cuerpo diplomático en Bolivia para coordinar acciones de asistencia a los ciudadanos extranjeros que están en el país.
Asimismo, dijo que ya se comunicaron con el Gobierno de Belice para informarle del fallecimiento de la ciudadana de ese país en la localidad de Desaguadero. Según reportes del Gobierno, a la fecha hay tres personas muertas producto de la falta de auxilio oportuno debido a los bloqueos.
Aramayo remarcó que están investigando esos hechos y sancionarán a los responsables, pues ya no se trata de demandas sociales, sino crímenes.
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Derechos humanos
“No podemos permitir estos excesos, esto ya como decía tiene otro nombre, criminal, esto de no permitir que pasen vehículos transportando oxígeno que están poniendo en riesgo la vida en centros de salud, que no dejen brindar atención médica y una persona muera en frontera es criminal”, remarcó.
En ese contexto, informó que Bolivia se comunica constantemente con organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), Mercosur, Naciones Unidas para informar de estos hechos que son una “violación a los derechos humanos”.
Lamentó, además, la intransigencia de varios sectores sociales que se niegan a acudir al diálogo pese a los constantes llamados de parte del Gobierno.
En la misma línea, el jueves José Luis Gálvez, vocero del presidencial denunció que la crisis social y la violencia generada por movilizaciones en La Paz responden a un ‘plan macabro’ y apuntó al narcotráfico como “financiador” del conflicto.
“El financiamiento del narcotráfico está detrás de todo esto”, dijo en conferencia de prensa.
Según el funcionario, hay actores políticos como el expresidente Evo Morales que articula la “desestabilización” del gobierno del presidente Paz junto al narcotráfico.
