Pese a los continuos llamados al diálogo y la abrogación de la cuestionada ley 1720, el departamento de La Paz está colapsado y cercado por bloqueos y movilizaciones de la Central Obrera Boliviana (COB) y campesinos que centran sus demandas en un solo pedido: la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
La noche del jueves, Paz firmó el decreto de abrogación de la Ley 1720 sobre reconversión de tierras, uno de los pedidos con los que varios sectores se movilizan desde hace dos semanas; sin embargo, la protesta no se frenó.
El Gobierno llamó también varias veces al diálogo a los sectores en conflicto; empero, no tuvo eco y la conflictividad va en aumento.
Las protestas han dejado ya un saldo trágico: Dos personas fallecieron en medio de los bloqueos cuando necesitan atención médica de emergencia, según reportes oficiales.
El ejecutivo de la COB, Mario Argollo dijo sobre la muerta de la extrajera: “No la ha matado la movilización. A nadie le gustan las medidas de presión, pero el Gobierno ha empujado a eso”.
Además, un niño quedó herido por un explosivo que cayó en su casa en medio de los bloqueos en la zona San Roque de la ciudad de El Alto.
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Cerco
Asimismo, el cerco campesino a la ciudad de La Paz y El Alto ha provocado desabastecimiento de alimentos, insumos médicos y oxígeno para los hospitales, que están a poco de quedarse sin ese elemento vital. Miles de camiones están varados en las carreteras y piden un paso humanitario.
Sin alimentos que llegan desde el interior del país, el precio de productos como la carne de pollo y res subió en más de 50%. La medida también frena la llegada de combustibles al departamento y las filas en las estaciones de servicio comienzan a crecer. Incluso el combustible de aviación está comenzando a escasear.
La ministra de Salud y Deportes, Marcela Flores, anunció este jueves que su despacho gestiona un puente aéreo como una medida de emergencia para asegurar el abastecimiento de oxígeno en los centros hospitalarios afectados.
Al respecto, el viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, denunció este jueves que detrás de las movilizaciones y bloqueos existe una intención de desestabilizar al gobierno del presidente Rodrigo Paz.
“Estas movilizaciones son políticas y buscan desestabilizar al Gobierno. Son promovidas por dirigentes que se han beneficiado y no quieren perder esos privilegios de gobiernos pasados. Ellos están a la cabeza promoviendo y financiando estas movilizaciones. Las pruebas son claras, no hay razón para las protestas”, sostuvo Paredes.
El viceministro reiteró la predisposición del Ejecutivo al diálogo; sin embargo, cuestionó la postura de algunos sectores y dirigentes sindicales que, a su criterio, mantienen una» actitud confrontacional».
Bloqueos
“Por ejemplo, el señor Argollo y otros dirigentes están en una actitud claramente conspirativa. Ya no hay razones de demandas; les importa una consigna política porque creen que así van a mantener sus privilegios”, afirmó.
Mientras las autoridades insisten en el diálogo, la situación de la población es crítica. Los alimentos faltan, no hay medicamentos y las ciudades de La Paz y El Alto están paralizadas por las continuas movilizaciones.
Bolivia amaneció este jueves con 23 puntos de bloqueo, 21 se concentran en el departamento de La Paz.
