Los principales sectores agropecuarios y exportadores del país expresaron su rechazo a la abrogación de la Ley 1720 de Reconversión de Tierras, decisión que fue aprobada en la Cámara de Diputados y que ahora pasará a revisión en el Senado.
Los dirigentes advierten que la medida genera incertidumbre para la inversión, el financiamiento productivo y el desarrollo del sector.
El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y de la Confederación Agropecuaria Nacional (CONFEAGRO), Klaus Frerking, señaló este sábado que la decisión legislativa afecta a una cadena productiva que busca estabilidad para invertir y crecer.
“Votaron 101 diputados, 56 en contra de la ley y 45 a favor. Respaldamos la democracia, pero decirles a todos esos diputados que apoyaron la abrogación de la Ley 1720. Lo que propones es una Bolivia viable que se pueda trabajar e invertir y que el 90% de esos productores puedan acede a mejores días”, indicó.
La madrugada de este sábado, la Cámara de Diputados aprobó en grande y en detalle el proyecto de ley 417/2025-2026, que dispone la abrogación de la Ley 1720 de Reconversión de Tierras y la remitió a la Cámara de Senadores para revisión.
La Ley 1720, autoriza la conversión voluntaria de pequeñas propiedades agrarias tituladas a medianas propiedades, permitiendo que estas tierras sean utilizadas como garantía bancaria para acceder a créditos. La norma busca fomentar la competitividad y la modernización productiva, generó un conflicto que mantiene en tensión a sectores del agro y al gobierno, que busca el diálogo.
Frerking reiteró que la norma permitía mejores condiciones de acceso al crédito para pequeños productores y su abrogación, según dijo, frena las posibilidades de desarrollo del sector.
El dirigente empresarial recordó que 18 años se vivió con esa ideología y no se salió de la pobreza, debido a que el pequeño productor sigue siendo pequeño y no tiene derecho a ser mediano ni crecer, y que esa era el fin de la Ley 1720.
Sostuvo además que el agro trabaja en una “Bolivia viable”, donde los productores puedan acceder a financiamiento y mejorar su producción. En ese sentido, manifestó su respaldo a los legisladores que apoyaron la norma y cuestionó la decisión de abrogarla, al considerar que se debilitan las oportunidades de crecimiento del pequeño productor.
Asimismo, anunció que el sector agropecuario se encuentra en estado de emergencia y que este jueves se llevará adelante un encuentro de productores en la ciudad de Montero, donde se definirán posibles medidas de presión. También adelantó que no participaron de la reunión convocada en Cochabamba debido a la situación generada por la discusión de la norma.
Del mismo, pidió a los senadores, luego de la aprobación de la norma en diputados, que piensen y les recordó que ellos aprobaron esta ley. “Lo que hicieron con la mano, no lo borren con el codo. Lo hicieron por el bien de una cadena productividad que está clamando para seguir produciendo, transportando y comercializando”, añadió.
Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de Exportadores, Logística y Promoción de Inversiones (CANEB), Oswaldo Barriga, cuestionó el contexto en el que se desarrolló el debate legislativo, señalando que mientras se realizan espacios de diálogo, persisten los bloqueos de carreteras que afectan al transporte de carga y a las exportaciones.
Barriga advirtió que los bloqueos han generado perjuicios significativos para el sector exportador, afectando el traslado de productos como castaña, madera, minerales y productos agroindustriales.
“Tenemos una cantidad de actores de distintos tipos, ayer nos llegó la invitación, y mientras hay este tipo de encuentros, las carreteras siguen bloqueadas y que como sector exportador tienen cientos de camiones varados en distintos punto del país”, lamentó.
Señaló que esta situación impacta directamente en miles de familias que dependen de estas actividades productivas.
Barriga también criticó la inestabilidad normativa y cuestionó la rapidez con la que se abrogan leyes y decretos, señalando que el país necesita normas de promoción a la inversión, seguridad jurídica y apoyo a sectores estratégicos. En ese marco, pidió al Gobierno un cambio de rumbo en la política económica.
Ambos dirigentes coincidieron en que la abrogación de la Ley 1720 genera incertidumbre en el sector productivo y advirtieron que las medidas de presión podrían intensificarse si no se atienden sus demandas en el proceso legislativo que continúa en el Senado.
