El viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, anunció este viernes que el Gobierno iniciará acciones para identificar delitos, fuentes de financiamiento y a las personas involucradas en los bloqueos y movilizaciones en distintas regiones del país.
La autoridad sostuvo que varias protestas dejaron de responder exclusivamente a demandas sociales y pasaron a tener objetivos políticos. En ese contexto, señaló nuevamente al expresidente Evo Morales de promover acciones de desestabilización.
Gobierno
“Vamos a identificar delitos, porque se están cometiendo algunos delitos y la Fiscalía, el Ministerio Público y el Poder Judicial tienen que trabajar”, afirmó Paredes en conferencia de prensa.
El viceministro indicó que el Ejecutivo también investigará presuntos recursos ilícitos destinados a financiar marchas y bloqueos.
“Vamos a identificar los dineros ilícitos que están siendo utilizados en bloqueos o marchas. Entonces, lo que vamos a hacer es identificar ese dinero ilícito y hacer las demandas judiciales correspondientes”, sostuvo.
Paredes aseguró que las autoridades ya identificaron al menos dos presuntas fuentes de financiamiento vinculadas a las movilizaciones.
Delitos
“No es barato financiar semejantes bloqueos y marchas”, afirmó.
La autoridad explicó que el Gobierno instaló mesas de diálogo para atender demandas relacionadas con seguridad jurídica, carreteras y otros reclamos históricos de sectores sociales; sin embargo, cuestionó que algunas movilizaciones asumieran posteriormente un carácter político.
“La demanda ya no era solamente la carretera o la ley. La consigna pasó a ser sacar del gobierno a Rodrigo Paz”, manifestó.
Procesos
Asimismo, citó la Sentencia Constitucional 0721/2024-S2 y recordó que, si bien el derecho a la protesta está garantizado, existen límites cuando las movilizaciones afectan el libre tránsito y las actividades de terceros.
Paredes aseguró que el Ejecutivo continuará impulsando mesas técnicas y acuerdos con los sectores movilizados, aunque advirtió que se actuará contra quienes promuevan medidas de presión con presunto financiamiento irregular o intereses políticos.
