La Cámara de Diputados rechazó este jueves incorporar al orden del día el debate del proyecto de ley que plantea la abrogación de la Ley 1720 de conversión de tierras.
La acción coincide con la presión ejercida por sectores campesinos e indígenas que exigen dejar sin efecto la norma promulgada por el Gobierno.
La propuesta no logró los dos tercios requeridos para alterar la agenda, por lo que el debate quedó suspendido y el proyecto no ingresó a consideración del pleno.
Ley 1720
Durante la sesión, la vicepresidenta de Diputados, Daniela Cabrera, explicó que la única vía para tratar la iniciativa era modificar previamente el orden del día. “Se ha solicitado que en esta sesión se trate la abrogación, la comisión ya ha elaborado el informe. Para considerar es necesario alterar el orden del día para realizar el tratamiento de la ley”, señaló.
Sin embargo, tras la votación, la solicitud fue rechazada por falta de respaldo suficiente entre los legisladores presentes.
El proyecto fue promovido por la diputada del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Helen Patiño, quien previamente informó que la Comisión Amazónica y de Tierras aprobó por mayoría la propuesta de abrogación de la Ley 1720.
Debate
La legisladora indicó que, pese a observaciones planteadas por dos parlamentarios antes de la votación, el documento fue validado en comisión y remitido posteriormente al pleno, conforme al procedimiento legislativo.
La Ley 1720, promulgada el 10 de abril por el presidente Rodrigo Paz Pereira, autoriza la conversión voluntaria de pequeñas propiedades tituladas en propiedades medianas, con el objetivo de facilitar el acceso a créditos bancarios y ampliar las capacidades productivas del sector rural.
Protestas
No obstante, organizaciones campesinas, indígenas y sectores afines al oficialismo cuestionaron la norma al considerar que abre la puerta a procesos de concentración de tierras. La demanda de abrogación fue incluida incluso en los acuerdos alcanzados entre el Gobierno y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB).
Mientras tanto, sectores agropecuarios y empresariales defendieron la vigencia de la ley y advirtieron que eliminarla afectaría el acceso al financiamiento para pequeños productores del país.
