El director oriente de la Fundación Tierra, Alcides Vadillo, sostiene que la confrontación en torno a la Ley 1720 refleja una polarización que va más allá de lo ideológico y expone una compleja red de intereses económicos sobre la tierra. “Cuando los lobos defienden una ley que protege a las ovejas, algo raro está pasando”, dijo.
Vadillo recuerda que la tierra no solo es un activo financiero, sino también fuente de vida, identidad y trabajo para miles de familias. Por ello, cualquier intento de modificar normas sin consulta ni consenso genera rechazo y desconfianza.
“El tema ha sido mal manejado desde sus inicios, tratado de forma apresurada y sin participación de los sectores a quienes supuestamente favorece”, afirma el director.
La paradoja, explica, es que sectores indígenas y campesinos se movilizan contra una norma que no afecta directamente a territorios comunitarios, mientras empresarios agroindustriales la defienden pese a que no serían los principales beneficiarios. Esta contradicción revela que detrás de la ley existen intereses ocultos y una disputa estructural por el mercado de la tierra.
Vadillo cuestiona también el discurso oficial que culpa a las ONG de promover las marchas. “Las ONG no están marchando. Esto es una reacción de movimientos sociales que tienen temores legítimos, porque la tierra es vida, economía e identidad”, señala, recordando que gobiernos anteriores ya recurrieron a la estrategia de acallar voces críticas expulsando organizaciones.
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En este escenario, la polarización se profundiza: un sector indígena firmó acuerdos con el gobierno, otro los rechaza y continúa movilizado, mientras los empresarios del oriente presionan para evitar la abrogación de la norma.
“Estamos moviendo normas que habían estado estables y eso genera susceptibilidades, amenazas y miedos”, advierte Vadillo.
Para Vadillo, la salida pasa por volver a foja cero y abrir un proceso de consulta amplio, con participación de indígenas, campesinos, agroindustriales y sociedad civil. “No se trata solo de repartir beneficios entre actores rurales, también debe estar presente la mirada del bien común y del interés público”, enfatiza.
El analista explica que los temores de los sectores indígenas provienen de la falta de claridad sobre la división entre propiedad individual y comunitaria, y de la posibilidad de acaparamiento. En el caso empresarial, recuerda que en el pasado muchas propiedades grandes se fragmentaron para declararse pequeñas y evadir pagos al Estado, y ahora buscan el camino inverso: convertirlas en medianas para ingresar al mercado de tierras como activo financiero.
Finalmente, Vadillo advierte que la falta de diálogo y la gestión legislativa apresurada han profundizado la desconfianza. “El camino debería ser empezar de nuevo, con participación de todos los sectores, en un proceso de concertación. Solo así se podrá evitar que la disputa por la tierra siga polarizando y debilitando la confianza en las instituciones”, concluye.
