El Senado de Chile aprobó un proyecto que modifica la ley 21.325 de migración y extranjería para tipificar como delito el ingreso clandestino al territorio chileno. Todo ello, abre la posibilidad de que personas migrantes bolivianas que crucen por pasos no habilitados enfrenten procesos penales.
La iniciativa obtuvo 24 votos a favor y 20 en contra en su segundo trámite constitucional y continúa su debate con plazo de indicaciones hasta el 28 de mayo. El texto deja atrás el tratamiento administrativo de estos casos y los traslada al ámbito penal.
El debate legislativo mostró posturas divididas. Quienes respaldan el proyecto señalaron que busca disuadir el ingreso por pasos no habilitados y garantiza resguardos para menores de edad y solicitantes de refugio.
En tanto, sectores opositores advirtieron que la norma puede sobrecargar el sistema judicial, afectar la labor de control migratorio y generar riesgos en materia de debido proceso y estándares internacionales de derechos humanos.
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También cuestionaron su eficacia frente a redes de tráfico de migrantes.
El gobierno chileno sostiene que la reforma responde a la situación en las zonas fronterizas y apunta a reforzar el orden migratorio. En ese marco, el cambio legal eleva el riesgo jurídico para quienes ingresen sin autorización, al pasar de una sanción administrativa a una figura penal que habilita procesos judiciales.
La política migratoria de José Antonio Kast, presidente de Chile, a partir de marzo, se basa en la expulsión masiva de inmigrantes irregulares, el fortalecimiento de la seguridad fronteriza (Plan Escudo Fronterizo) con zanjas y tecnología, y la suspensión de regularizaciones.
Se han iniciado vuelos de deportación hacia Bolivia, Ecuador y Colombia.
Simultáneamente, se realiza la construcción de zanjas profundas y la instalación de barreras físicas como rejas de 5 metros para detener el paso de vehículos y personas.
