El director del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS), Luis Ramiro Peña, presentó este martes una denuncia para iniciar un juicio de responsabilidades contra dos exmagistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), identificados como María D. y Carlos E., por la emisión de un fallo que habría favorecido a una empresa constructora con más de Bs 2,5 millones.
La acción fue formalizada ante la Cámara de Diputados con el respaldo del jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos del FPS, Efraín Quispe. Según la autoridad, el Auto Supremo 155/2023 instruye el pago de Bs 2.520.490,53 a favor de la Asociación Accidental “H&O”, en el marco del proyecto de pavimentación de la avenida Jacarandá, en Riberalta.
Peña explicó que el monto corresponde a supuestos costos de mantenimiento y conservación durante la gestión 2020, en plena pandemia, aunque no existen documentos que respalden esos gastos ni registros de reclamos en la etapa administrativa del contrato.
“La empresa nunca demostró sus gastos y los exmagistrados ignoraron tanto el contrato como las normas de control gubernamental, beneficiando a una contratista que ni siquiera cumplió correctamente con la entrega de la obra”, afirmó.
La denuncia busca la apertura de un proceso de responsabilidades contra las exautoridades judiciales, con el argumento de que el fallo vulnera principios de control y resguardo de recursos públicos. Desde el FPS señalan que el objetivo es sentar un precedente frente a decisiones judiciales que puedan favorecer intereses particulares en perjuicio del Estado.
El caso se vincula a la ejecución de obras en el municipio de Riberalta y abre un nuevo frente de cuestionamiento a fallos judiciales relacionados con contratos de inversión pública en el país.
