Una propuesta de Ley de Emprendimientos Emergentes será presentada este jueves a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) por colectivos de mujeres. El objetivo es establecer un marco legal de protección y fomento al emprendimiento emergente en el país.
Se busca mecanismos de reconocimiento, promoción y fortalecimiento de iniciativas emprendedoras en distintas etapas de desarrollo.
Asimismo, plantea incentivos tributarios y administrativos, además de servicios de apoyo integral orientados a mejorar las condiciones de sostenibilidad, innovación y formalización.
“La iniciativa reconoce que el emprendimiento constituye un motor fundamental para la generación de empleo y la dinamización económica del país. Aunque persisten barreras estructurales que limitan su desarrollo y afectan de manera diferenciada a las mujeres. Este sector continúa enfrentando mayores niveles de informalidad y desigualdad en el acceso a oportunidades económicas”, menciona un boletín institucional.
INICIATIVA
Según la Coordinadora de la Mujer, la iniciativa surge a partir de la identificación de necesidades y desafíos que enfrentan los emprendimientos emergentes y las organizaciones productivas en Bolivia.
Enfatiza en temas como relación al acceso a financiamiento, mercados, formalización, innovación y condiciones adecuadas para su sostenibilidad y crecimiento.
“En ese contexto, la Coordinadora de la Mujer, como parte de la Plataforma Ruta 2030, y la diputada Andrea Ballivián (Unidad) coincidieron en la necesidad de impulsar una propuesta normativa. El objetivo está orientado a incidir en la política pública y fortalecer al sector emprendedor desde una mirada inclusiva y de desarrollo económico sostenible”.
A partir de ese trabajo conjunto, dice el boletín, se perfiló una propuesta de ley construida de manera participativa, incorporando opiniones, propuestas y recomendaciones de diversos sectores del país.
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En el proceso participaron representantes del sector emprendedor, organizaciones productivas, empresa privada, universidades, especialistas en la materia, organismos internacionales como la OIT, actores del sector tecnológico, instituciones públicas y organizaciones sociales de base, entre otros.
