La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) informó que a través de su Dirección Departamental de Potosí, realizó una inspección en inmediaciones de la comunidad de Calamarca, donde evidenció actividades de minería ilegal sostenidas y a gran escala en distintos puntos de ese sector.
Durante la intervención, la comisión técnico-legal verificó en campo la existencia de operaciones mineras activas dentro de áreas identificadas como GRAN PODER NC y SEÑOR DE SAN BARTOLOMÉ A, donde se constató la presencia de múltiples bocaminas en funcionamiento, cuadros verticales, maquinaria pesada —entre ellas retroexcavadoras, tractores y volquetas—, además de compresoras, sistemas de extracción y campamentos instalados en la zona.
Uno de los aspectos más preocupantes es la cercanía de estas actividades a la carretera Potosí–Tarija, donde a escasos metros se desarrollan trabajos en áreas libres, lo que configura una explotación ilegal y con potencial riesgo para la seguridad de la población.
Vea también: AJAM pide investigar vínculo de armamento robado con minería ilegal en Sorata
Minería ilegal
Asimismo, se constató que parte de estas operaciones se realizan dentro de áreas mineras con derechos en trámite o autorizaciones específicas, en las que se estaría ejecutando explotación intensiva que no se ajusta a la naturaleza de dichos permisos, lo que agrava el escenario de irregularidad.
La magnitud de la actividad, junto con la presencia masiva de personas vinculadas a estas operaciones, evidencia una ocupación organizada y sostenida en el tiempo, en un contexto de alta conflictividad que dificulta las acciones de control en la zona.
La intervención responde a denuncias formales, así como a reportes difundidos en medios de comunicación y redes sociales, los cuales alertaban sobre el avance de la minería ilegal, situación que fue corroborada durante la verificación en territorio.
En ese marco, la AJAM anunció que se activarán las acciones administrativas y legales correspondientes, en coordinación con instancias competentes, con el objetivo de frenar estas actividades y restablecer el orden en el área.
La entidad reiteró que continuará fortaleciendo las tareas de fiscalización en distintas regiones del país, con el fin de garantizar el cumplimiento de la normativa minera, proteger los derechos legalmente constituidos y prevenir la explotación ilegal de recursos minerales.
