El viceministro de Régimen Interior y Policía, Hernán Paredes, aseguró este martes en Caranavi que el Gobierno dio respuesta a las demandas de sectores campesinos movilizados, que rechazan la Ley 1720, y advirtió que la continuidad de la marcha hacia La Paz obedecería a motivaciones políticas.
Paredes llegó al norte paceño para instalar un nuevo intento de diálogo, el cuarto en el marco del conflicto, tras reuniones previas en Rurrenabaque, Collana y Quiquibey.
La controversia sobre la ley gira en torno a la seguridad jurídica sobre la tierra.
“Desde el principio sus demandas fueron aceptadas (…) el decreto ha sido aprobado exactamente como fue consensuado”, afirmó Paredes.
El viceministro hizo referencia al Decreto Supremo 5613 que garantiza la seguridad jurídica sobre la pequeña propiedad agraria y la dotación de tierras a campesinos e indígenas, principalmente en Beni y Pando.
De acuerdo con el decreto, el objetivo es “establecer lineamientos operativos para la dotación y titulación de tierras en región amazónica, con prioridad en los departamentos de Pando y Beni en el marco de la Constitución Política del Estado, la normativa agraria vigente y las competencias del Instituto Nacional de Reforma Agraria – INRA”.
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Al respecto, Paredes indicó que se pretende resolver demoras prolongadas que afectaron a pequeños propietarios y comunidades. “Estamos corrigiendo una injusticia que se volvió costumbre”.
El viceministro señaló que la mayoría de las bases respalda el acuerdo y no ve necesario continuar con la movilización.
En esa línea, afirmó que la disidencia se concentra en algunos dirigentes. “Si continúa la marcha, sería por razones políticas, pero no por falta de atención a las demandas”.
A su vez, atribuyó el conflicto a un clima de desconfianza en el área rural y rechazó que la Ley 1720 vulnere derechos propietarios.
Paredes denunció además la circulación de información errónea sobre el conflicto y atribuyó su origen a algunos dirigentes.
