La Procuraduría General del Estado activó auditorías con el objetivo de identificar a los responsables del fallo adverso que obliga a Bolivia a pagar $us 105 millones de dólares a BBVA. Dicha sanción ocurrió por un arbitraje internacional.
El subprocurador Roger Longaric explicó que estas acciones permitirán establecer responsabilidades y, posteriormente, iniciar procesos para recuperar el daño económico causado al Estado.
Fallo millonario
“Esas auditorías nos ayudarán a determinar quiénes son los responsables y, una vez identificados, el Estado iniciará las acciones correspondientes para repetir y recuperar el daño económico”, señaló la autoridad en conferencia de prensa.
La auditoría fue anunciada luego de que la justicia de Países Bajos ratificara el laudo arbitral que ordena la indemnización a la entidad financiera española, tras la nacionalización de la AFP Previsión. Desde el Gobierno se indicó que se trata de un proceso heredado, aunque ahora se busca establecer responsabilidades por el perjuicio económico.
Procuraduría
En paralelo, desde la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo se transmitió tranquilidad a los aportantes. Su gerente, Marcelo Fernández, aseguró que los fondos de los trabajadores no están en riesgo.
“Garantizamos la estabilidad del sistema de pensiones, la seguridad de los aportantes y la continuidad de las prestaciones”, afirmó.
Por su parte, BBVA sostuvo en el proceso que la transición derivada de la nacionalización fue caótica y generó incertidumbre jurídica. Además, alegó haber sido objeto de una campaña de hostigamiento por parte del Estado boliviano, que —según su versión— condicionó su salida del país al pago de contingencias y a múltiples fiscalizaciones.
Las auditorías ahora en curso marcarán el inicio de una nueva fase orientada a establecer responsabilidades y eventuales sanciones por este caso.
