Las mujeres candidatas que participaron en las elecciones subnacionales 2026 enfrentaron una campaña marcada por violencia política digital en redes sociales.
Un análisis del Observatorio de Género de la Coordinadora de la Mujer identificó más de 9.000 mensajes hostiles contra 44 candidatas. El estudio evidenció la magnitud y persistencia de los ataques en el entorno digital.
El monitoreo analizó 9.221 publicaciones en Facebook, TikTok, YouTube y X. La verificación se realizó entre el 30 de noviembre de 2025 y el 21 de marzo de 2026, un día antes de la votación.
Este estudio da continuidad a un primer informe presentado en marzo, ampliando el periodo de análisis y profundizando la comprensión de la violencia política digital durante la campaña.
“Los resultados muestran que la violencia no se expresa como hechos aislados, sino como un fenómeno sistemático y recurrente. Más de un tercio de los mensajes analizados corresponde a expresiones de discriminación y odio. Le siguen contenidos de desprestigio y violencia sexualizada. Así se evidencia que gran parte de los ataques no se orienta a la crítica política, sino a la deslegitimación de las candidatas por su condición de género”, detalla un boletín de prensa.
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Asimismo, el análisis identifica que la violencia se construye de forma colectiva en redes sociales, principalmente a través de comentarios que responden a publicaciones de las propias candidatas.
Estas interacciones reproducen patrones de descalificación, estereotipos de género y ataques personales que desplazan el debate sobre propuestas.
Otro hallazgo relevante es que la violencia no se distribuye de manera homogénea, varía por tipo de cargo y también se puede concentrar en unas candidatas más que en otras.
Del total de comentarios hostiles hallados, un 32% se dirigió a las candidatas a alcaldesas; 23% a las candidatas a concejal. Un 20,5% a las candidatas a gobernadoras o vicegobernadoras respectivamente y un 4,5% a candidatas a cargos regionales.
El estudio muestra que las candidatas a alcaldías son las más expuestas a este tipo de violencia. Le siguen las candidatas a concejos municipales, lo que evidencia que el ámbito local continúa siendo uno de los espacios más resistentes a la participación política de las mujeres.
Además, la mayoría de los mensajes se centró en un grupo específico: 44 mujeres candidatas registraron niveles sistemáticos de acoso digital.
CASOS
Entre los casos con mayor volumen de ataques se encuentran Paola Aguirre Melgar (2.193 menciones), Angélica Sosa (1.769). Rocío Molina Travesí (908) y Mayté Flores (897), entre otras.
“Además, al analizar la intensidad de la violencia en función del tamaño del electorado, se observa que el acoso digital no solo se concentra en grandes ciudades. También puede ser proporcionalmente más alto en territorios con menor población, ampliando su impacto”, dice el informe.
El estudio identifica también que la masividad de los mensajes y la dificultad para identificar a los autores limita la posibilidad de activar mecanismos de denuncia. Esta condición favorece la impunidad y deja a las candidatas en una situación de desprotección.
En este contexto, el Observatorio de Género de la Coordinadora de la Mujer advierte que, si bien Bolivia cuenta con la Ley 243 contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres, el marco normativo vigente resulta insuficiente frente a las dinámicas de la violencia digital, caracterizada por su masividad, anonimato y rápida propagación.
“La violencia política digital no es un hecho aislado; se ha convertido en un mecanismo que condiciona la participación electoral de las mujeres. Cuando las candidatas enfrentan ataques sistemáticos y sin sanción, no compiten en igualdad de condiciones”, afirmó Tania Sánchez, directora ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer.
El Observatorio plantea la necesidad de fortalecer las respuestas institucionales. Busca adecuar los marcos normativos para garantizar que las mujeres puedan ejercer sus derechos políticos libres de violencia, también en el entorno digital.
El informe fue realizado en alianza con el Centro Europeo de Apoyo Electoral (CEAE) y el apoyo técnico de la Fundación Aru.
