Un monitoreo del Observatorio de Género de la Coordinadora de la Mujer identificó 9.221 mensajes de violencia digital contra 44 candidatas durante la campaña subnacional.
El estudio analizó publicaciones en redes sociales entre noviembre de 2025 y marzo de 2026, abarcando plataformas como Facebook, TikTok, YouTube y X.
Los resultados evidencian un patrón sistemático de ataques dirigidos a mujeres en política, con contenidos que trascienden el debate electoral y apuntan a su deslegitimación.
Violencia digital
La directora de la Coordinadora de la Mujer, Tania Sánchez, advirtió que esta violencia condiciona la participación electoral femenina.
“La violencia política digital se ha convertido en un mecanismo que limita la participación de las mujeres y afecta la igualdad en la competencia electoral”, señaló.
El informe detalla que más de un tercio de los mensajes corresponde a expresiones de discriminación y odio dirigidas contra las candidatas.
Asimismo, se identificaron contenidos de desprestigio y violencia sexualizada, lo que refleja que los ataques no se centran en propuestas políticas.
Candidatas
El estudio subraya que estos mensajes buscan desacreditar a las candidatas por su condición de género, reforzando estereotipos y prejuicios persistentes en la sociedad.
También advierte que la violencia se reproduce de forma colectiva, principalmente en comentarios a publicaciones, donde se replican patrones de descalificación y ataques personales.
En cuanto a los cargos, el 32% de los mensajes se dirigió a candidatas a alcaldías, seguido del 23% a postulantes a concejalías.
El 20,5% de los ataques alcanzó a candidatas a gobernaciones y vicegobernaciones, mientras que el 4,5% se concentró en cargos regionales.
Estos datos evidencian que el ámbito municipal sigue siendo uno de los espacios más adversos para la participación política de las mujeres.
Elecciones
El monitoreo también identificó casos con alta concentración de ataques, como los de Paola Aguirre Melgar y Angélica Sosa, entre otras figuras.
El informe advierte que la masividad y el anonimato en redes sociales dificultan la identificación de responsables y limitan la aplicación de sanciones.
Si bien Bolivia cuenta con la Ley 243 contra el acoso político, el estudio concluye que el marco normativo es insuficiente frente a la violencia digital.
Finalmente, se alerta que estos ataques afectan la calidad democrática, al restringir la participación plena de las mujeres en procesos electorales.
