La abogada constitucionalista y decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), María Rocabado, analizó la segunda vuelta que debió realizarse en La Paz y señaló que el país enfrenta una tensión entre legalidad y legitimidad, marcada por la debilidad de los partidos y la falta de democracia interna en las organizaciones políticas.
Rocabado explicó que la Ley 026 establece con claridad que, si ningún candidato alcanza el 50% más uno de los votos o el 40% con una diferencia de 10 puntos, corresponde una segunda vuelta. Sin embargo, el artículo 53 de la misma norma dispone que, si una organización política declina, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) debe proclamar directamente a la otra candidatura.
La decana subrayó que la norma se refiere a la declinación de la organización política, no del candidato, porque es la agrupación la que presenta la postulación. En ese sentido, sostuvo que el Tribunal Electoral aplicó la “letra muerta” de la ley.
Para Rocabado, el problema se agrava porque el Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz no cuenta con sala plena, lo que genera un vacío institucional y la falta de nombramientos por parte de la Asamblea Legislativa.
La constitucionalista también cuestionó que el Órgano Electoral no haya tomado en cuenta la democracia interna de las organizaciones políticas, pese a que la ley obliga a que las decisiones se adopten de manera participativa. “Ese aspecto no lo ha considerado el Tribunal Supremo Electoral, y es un problema serio”, afirmó.
En su análisis, advirtió que la proliferación de partidos y agrupaciones sin base programática refleja una crisis de la democracia. “Estamos atravesando una crisis en el ejercicio democrático, inclusive dentro de las organizaciones políticas, donde debería existir participación de sus miembros, pero no ocurre”, señaló.
La especialista recordó que la ciudadanía empieza a perder credibilidad en las instituciones debido a decisiones cuestionadas en distintos procesos electorales. “Para que exista legitimidad de imparcialidad, el Órgano Electoral debe demostrarlo desde el primer momento, sin manipular la norma”, enfatizó.
Rocabado también alertó sobre el fenómeno de los “taxipartidos”, siglas políticas que se prestan a distintos candidatos sin coherencia ideológica. A su criterio, antes de modificar la ley, el Tribunal Electoral debería aplicar sanciones y velar por el cumplimiento de los principios de democracia política.
Finalmente, sostuvo que el caso de La Paz refleja un problema estructural: partidos que se forman en torno a caudillos y no a programas, debilitando la institucionalidad democrática. “Estamos repitiendo la historia de los caudillos en Bolivia y en América Latina, y eso es destructivo para la democracia”, mencionó.
