La Defensoría del Pueblo emitió una serie de recomendaciones orientadas a fortalecer la democracia inclusiva en el país y exhortó al Órgano Electoral a mejorar las condiciones de accesibilidad, optimizar la logística electoral y reforzar la coordinación interinstitucional.
El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, presentó los resultados del monitoreo del Plan Defensorial para las Elecciones Subnacionales 2026 que se implementó durante la jornada electoral del pasado domingo 22 de marzo.
En el informe, la institución defensorial recomienda a la Policía Boliviana garantizar el derecho al voto de su personal en servicio; a la Asamblea Legislativa Plurinacional y al Órgano Ejecutivo impulsar reformas normativas que fortalezcan la inclusión electoral.
De igual manera, convocó a las organizaciones políticas y a la sociedad civil a promover una cultura de paz, la participación equitativa y la paridad de género como pilares de una democracia más representativa.
En cuanto a los resultados del monitoreo, la Defensoría registró durante la jornada electoral un total de 436 denuncias vinculadas al proceso electoral, de los cuales el 62,5% fue atendido y subsanado de manera inmediata, y se evidenció una respuesta oportuna de la institución en resguardo de los derechos de la población.
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Entre las principales problemáticas reportadas, se identificaron dificultades en la obtención de certificados de impedimento, incumplimiento del voto preferente, mesas no habilitadas oportunamente y deficiencias en la información y señalización.
Los departamentos con mayor incidencia ante estas dificultades fueron Oruro (26,61%), Santa Cruz (19,04%), La Paz (16,97%) y Beni (10,55%).
Asimismo, la institución reiteró sobre la persistencia en la brecha de género en la presidencia de las mesas de sufragio, el 34% fue ocupado por mujeres y el 66% por hombres. “Al igual que en la elección anterior, continúan las limitaciones en la accesibilidad para personas con discapacidad en un 25% de recintos electorales y en 21% de recintos no se tuvo condiciones adecuadas para el voto asistido”, señaló.
La institución también desarrolló gestiones específicas para garantizar el ejercicio pleno de los derechos políticos, como la extensión de certificados de impedimento en Pisiga (frontera con Chile) y en Potosí, así como acciones para habilitar mesas de sufragio afectadas por factores climatológicos y asegurar la aplicación del voto asistido y preferente en distintos puntos del país.
En cuanto a poblaciones en situación de vulnerabilidad, a nivel nacional, se efectuaron 123 visitas, 37 a establecimientos de salud, 29 a unidades policiales y militares, 27 a centros penitenciarios y 12 a centros de acogida, con el objetivo de verificar el acceso al voto y la protección de sus derechos humanos.
Respecto a los hechos de conflictividad electoral destacan: la votación suspendida en la comunidad Exaltación (Beni) por incremento del Padrón; Anulación de 4 mesas en San Ignacio de Velasco (Santa Cruz) por error en la papeleta; además de hechos aislados, principalmente vinculados a candidatos y sus seguidores; no obstante, estos eventos no afectaron de manera general el desarrollo pacífico, ordenado y democrático del proceso electoral.
