El Tribunal Agroambiental y la Defensoría del Pueblo iniciaron este jueves la inspección técnica en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, que definirá la viabilidad de la actividad de exploración y explotación hidrocarburífera en esa área protegida de Tarija.
Jhonatan Acosta del Comité de Defensa de Chuquiacá y Tariquía informó que la inspección técnica debía realizarse en febrero; sin embargo, fue suspendida a pedido de la Procuraduría del Estado.
“Luego de la inspección el juez determinará si tiene sustento el pedido del Defensor del Pueblo sobre si se respetó o no el proceso normativo para obtener la licencia ambiental para el pozo exploratorio en la región”, dijo en radio Fides.
Asimismo, explicó que el objetivo de la inspección es determinar si se cumplieron los pasos para que empresas petroleras puedan explorar en la zona sin dañar el medio ambiente.
“Se va a revisar si la categoría de la zona es 1 o 2. En la categoría 1 dice que afecta altamente al medio ambiente y la 2 dice que habrá un daño moderado”, explicó.
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Pozo
Para los comunarios el sector es categoría 1, lo que impide el ingreso de empresas petroleras; sin embargo, según YPFB es categoría 2 y con ese argumento quieren permitir el ingreso de Petrobras para la exploración en el pozo Domo Oso X1, X2 y X3 del bloque San Telmo Norte.
El Comité de Defensa de la reserva de Tariquía anunció que se mantiene vigilante hasta el fallo del tribunal
Los movilizados insisten en que en la zona no debe existir intervención petrolera pues se trata de un área protegida y dañaría el agua, la reserva y la biodiversad de la zona.
El conflicto se remonta a 2015, tras la promulgación del Decreto Supremo 2366, que autorizó actividades extractivas en áreas protegidas. En 2019, tras el anuncio de obras en los pozos Domo Oso X-1 y X-2, se conformó el Comité de Defensa de Tariquía.
El 9 de enero, el Defensor del Pueblo presentó una solicitud de medidas cautelares ambientales ante el Juzgado Agroambiental de Entre Ríos, Tarija, invocando el Acuerdo de Escazú, que garantiza la protección de defensores ambientales, la no criminalización, el acceso a la justicia y la participación ciudadana.
El 17 de enero, el juzgado admitió la medida y ordenó la pausa temporal del proyecto exploratorio Domo Oso X-3, a fin de evaluar posibles daños irreversibles al ecosistema.
