El Informe Defensorial “Análisis de la Implementación de la Ley N.º 348 Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (2013–2024)” emitió recomendaciones dirigidas a 40 instituciones del Estado, entre ellas Órganos del Estado y gobiernos autónomos municipales, con el objetivo de fortalecer la prevención, atención y sanción de la violencia en razón de género.
El documento, elaborado con apoyo técnico de organismos internacionales, evidencia debilidades estructurales en el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia, lo que limita la aplicación efectiva de la normativa.
Entre 2013 y 2024 se registraron más de 439.000 denuncias por delitos vinculados a la violencia familiar, doméstica y otras formas de violencia de género; sin embargo, solo el 5,7% de los casos concluyó con una sentencia condenatoria, lo que refleja la brecha existente entre la denuncia y la respuesta judicial.
El informe también advierte sobre la existencia de una “cifra negra” de violencia, ya que se estima que ocho de cada diez mujeres víctimas no presentan denuncia, lo que implica que el sistema institucional interviene únicamente en una parte de los casos de violencia.
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Asimismo, el estudio identifica desafíos en la asignación de recursos públicos destinados a enfrentar esta problemática. El Estado destina en promedio 589 millones de bolivianos al sistema de protección, de los cuales el 52% corresponde a atención a víctimas, el 40% al acceso a la justicia y apenas el 8% a acciones de prevención.
En contraste, el costo social y económico de la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes oscila entre 3.900 y 4.700 millones de bolivianos anuales, de los cuales el 71% es asumido por las propias víctimas y sus familias, principalmente en gastos médicos y servicios legales.
El informe también evidencia que los casos vinculados a la aplicación de la Ley 348 registraron un incremento del 63,91% entre 2013 y 2024, con un crecimiento promedio anual del 7,81%.
En relación con la violencia feminicida, el estudio señala que no existe un dato oficial unificado sobre la cantidad de feminicidios en Bolivia, estimándose entre 1.146 y 1.266 casos en el periodo analizado, además de 1.275 casos de tentativa de feminicidio.
Asimismo, se identificó que el 79% de los procesos vinculados a la Ley 348 corresponden a violencia familiar o doméstica, mientras que alrededor del 20% está relacionado con delitos de violencia sexual.
En este ámbito, el informe alerta que la violencia sexual presenta niveles de alta gravedad, afectando principalmente a niñas y adolescentes. El 77% de las víctimas en delitos de abuso sexual y violación a infantes son niñas o adolescentes mujeres, con una mayor concentración de casos en los departamentos de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba.
En ese contexto, la Defensoría del Pueblo emitió recomendaciones dirigidas a los ministerios de la Presidencia, Salud y Economía; la Asamblea Legislativa Plurinacional; el Tribunal Supremo de Justicia; el Ministerio Público; la Policía Boliviana y 30 Gobiernos Autónomos Municipales, en el marco de sus competencias institucionales.
“La principal recomendación del informe es avanzar en la consolidación de un Plan Nacional Integral que fortalezca la prevención, sanción y reparación de la violencia de género, garantizando la protección de los derechos de las mujeres y evitando retrocesos en los avances alcanzados”, concluyó la jefa de la Unidad de Derechos Generacionales y Género de la Defensoría del Pueblo, Bolivia Sánchez.
