El magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Edson Dávalos, pidió este miércoles retomar el análisis del proyecto de ley destinado a garantizar el funcionamiento de esa máxima instancia en materia constitucional.
“Somos respetuosos de los criterios que manejan y de los entendimientos que pueda tener la Asamblea Legislativa Plurinacional. Para nosotros es muy importante que se pueda completar de una vez con los otros magistrados”, indicó a Fides.
El magistrado señaló que actualmente cinco departamentos —Santa Cruz, Beni, Cochabamba, Pando y Tarija— no cuentan con representación en el TCP, por lo que consideró que esas regiones deberían estar preocupadas por la falta de sus magistrados.
Dávalos reiteró que el tribunal tiene un “encargo social muy grande”, que es resolver las causas presentadas a nivel nacional, tarea que, según dijo, debe realizarse de manera conjunta con todos los representantes de las regiones.
No obstante, afirmó que el TCP continúa trabajando con normalidad y sostuvo que en los próximos meses se buscará demostrar que con cuatro magistrados se puede “liquidar” más causas que cuando estaban en funciones los denominados “autoprorrogados”.
En febrero, el diputado Rolando Pacheco (Alianza Popular) denunció que el proyecto para viabilizar el trabajo del TCP con cuatro magistrados permanece sin avances y está “guardado” en la Cámara de Diputados de Bolivia.
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En enero, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados de Bolivia aprobó con modificaciones el proyecto de Ley 022/2025-2026, que establece un régimen transitorio para el funcionamiento del TCP y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
La propuesta establece que el TCP opere con cuatro magistrados titulares electos, mientras que el TSJ continúe con siete, tras el cese de los denominados “autoprorrogados”.
Además, fija como fecha límite para las elecciones judiciales el 30 de junio de 2026 y prohíbe expresamente cualquier forma de autoprórroga en el TCP, el TSJ, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura. Las autoridades judiciales deberán cesar automáticamente al vencimiento de su mandato constitucional.
El proyecto consta de cinco artículos, dos disposiciones transitorias y dos finales, e incluye previsiones para garantizar el funcionamiento de la sala plena y la comisión de admisión del TCP durante el periodo excepcional.
