El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, anunció que este jueves presentará ante la Asamblea Legislativa un paquete de proyectos de ley orientados a la transformación de la justicia, entre los que destaca la implementación del Sistema Informático de Gestión de Causas (SIGC) para consolidar el expediente digital en el país.
“Este jueves vamos a La Paz a presentar algunos proyectos de ley, incluyendo el que prioriza la implementación de este sistema, que tiene un costo de 160 millones de bolivianos para su ejecución en todo el país, como resultado del diálogo para la transformación de la justicia”, adelantó Saucedo.
Según el TSJ, el SIGC permitirá implementar de manera integral el expediente digital en la justicia boliviana y operará de forma interoperable con bases de datos de la Policía Boliviana, el Ministerio Público y el Servicio General de Identificación Personal (Segip).
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“Creemos que la transformación de la justicia pasa por la implementación de herramientas tecnológicas”, remarcó la autoridad.
De acuerdo con una nota de prensa del TSJ, el sistema ya fue aplicado de forma piloto en el departamento de Chuquisaca. El proyecto de ley cuenta con el respaldo de la Sala Plena del TSJ y es resultado de un trabajo coordinado entre magistrados, personal técnico, la Dirección Administrativa y Financiera (DAF) del Órgano Judicial y el Consejo de la Magistratura.
En ese marco, el TSJ también capacitará al personal de los juzgados de sentencia penal del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz en el uso del SIGC, como parte del proceso para consolidar el expediente digital.
“Con la implementación de este sistema vamos a contar en tiempo real con elementos que nos permitan trabajar y contrarrestar la mora procesal, porque las partes podrán ver si el juez ha despachado dentro de plazo, este podrá revisar los memoriales que ingresan a su juzgado y las partes serán notificadas en tiempo real”, destacó Saucedo.
Tras el plan piloto desarrollado en Chuquisaca, la capacitación llegará inicialmente a Santa Cruz para jueces que conocen delitos de orden privado. En una segunda etapa se prevé ampliar el sistema a juzgados que atienden delitos de orden público.
