El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) negó cualquier responsabilidad en el cargamento de madera boliviana que fue interceptado en Chile con droga camuflada y aseguró que colaborará plenamente con la investigación del Ministerio Público.
El jefe departamental del Senasag en Santa Cruz, Facundo Altamirano, explicó que la participación de la institución se limitó a la verificación documental y a controles estrictamente fitosanitarios. “Nosotros únicamente inspeccionamos que la documentación sea correcta y vemos la cuestión de los vectores por una cuestión de vigilancia sanitaria”, dijo a los periodistas en Santa Cruz.
Senasag
Según la autoridad, el trámite se realizó entre el 29 y 30 de septiembre, cuando la empresa que realizó el envío solicitó el permiso y el precintado del contenedor. Altamirano precisó que él asumió funciones recién el 5 de diciembre, tres meses después de ese procedimiento.
“No vamos a proteger a nadie. Nos abrimos a las autoridades y vamos a entregar toda la documentación necesaria para que este hecho se pueda esclarecer”, aseguró el funcionario.
Sobre el operativo del Ministerio Público, aclaró que la requisa no se efectuó en oficinas centrales del Senasag. “No fue nuestra central ni estas oficinas. Fue en las oficinas de Cadex, donde tenemos un espacio para apoyar a los exportadores”, indicó.
Altamirano confirmó que la Fiscalía y la Policía accedieron a toda la documentación vinculada al caso.
Droga camuflada
El jefe departamental explicó que el cargamento correspondía a madera terminada, lo que restringe el tipo de control que realiza la entidad. “Al ser madera terminada, no se fumiga. Nosotros no manipulamos la madera, no es tuición nuestra”, afirmó.
Detalló que, en estos casos, el Senasag solo realiza una inspección visual para descartar la presencia de plagas o insectos. “Si la documentación está correcta, se hace únicamente una inspección visual por una cuestión fitosanitaria”, señaló.
Respecto a posibles responsabilidades internas, Altamirano confirmó que al menos dos funcionarios fueron citados por la Fiscalía. “Un funcionario está declarando hoy y una funcionaria, que es quien presinta y emite el certificado libre para exportar, también fue convocada”, informó.
El caso continúa bajo investigación del Ministerio Público, que definirá eventuales responsabilidades penales y administrativas.
