La economía boliviana atraviesa desde hace más de dos años una devaluación de facto, marcada por una creciente brecha entre el tipo de cambio oficial y el dólar paralelo, que actualmente se sitúa alrededor de un 37% por encima del valor fijado por el Banco Central de Bolivia (BCB), según el análisis del economista Fernando Romero.
Romero señala que, pese a que el tipo de cambio oficial se mantiene en Bs 6,96, el mercado ya opera con referencias mucho más altas, lo que evidencia que el esquema de tipo de cambio fijo dejó de existir en la práctica. En este contexto, estima que una devaluación oficial “ideal” podría darse en un plazo de hasta 18 meses, aunque considera más probable que ocurra en los próximos seis meses, dadas las presiones macroeconómicas actuales.
El analista plantea que una eventual devaluación podría implementarse mediante un sistema de bandas cambiarias, con un dólar oficial que oscile entre Bs 9 y Bs 10. Este mecanismo permitiría reducir distorsiones y acercar el tipo de cambio oficial a la realidad del mercado, aunque tendría un impacto directo en el costo de vida de la población.
Devaluación
Uno de los principales condicionantes para un ajuste cambiario ordenado es el nivel de reservas internacionales. Romero calcula que el país necesitaría entre $us 2.500 millones y $us 4.500 millones en reservas líquidas para respaldar una devaluación o la adopción de bandas cambiarias. Sin embargo, advierte que actualmente el BCB no cuenta con ese “colchón” financiero, ya que la mayor parte de las Reservas Internacionales Netas está compuesta por oro y solo una fracción corresponde a divisas de rápida disponibilidad.
A su juicio, una devaluación oficial es técnicamente posible, pero representa un alto riesgo económico, social y político si no viene acompañada de medidas de protección, como ajustes salariales, resguardo a pensionados y políticas para contener la inflación. Sin estos elementos, el ajuste podría traducirse en una mayor pérdida del poder adquisitivo y un encarecimiento del dólar paralelo.
Romero concluye que el problema no es únicamente devaluar, sino hacerlo sin un plan integral y sin respaldo suficiente. “El dólar barato ya no existe, pero los salarios siguen siéndolo”, advierte, y remarca que una devaluación sin protección trasladaría el costo del ajuste a trabajadores, jubilados y familias.
