Las elecciones subnacionales previstas para el 22 de marzo se perfilan como las más multitudinarias y complejas de la historia democrática del país. En total, 186 partidos y alianzas políticas competirán por más de 5.000 cargos entre gobernadores, alcaldes, concejales, asambleístas departamentales y otras autoridades subnacionales, en un escenario que combina una oferta política desbordada, un elevado número de candidaturas inhabilitadas y una creciente fragmentación del voto.
El dato central que grafica la magnitud del proceso es el volumen de candidaturas. De acuerdo con el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, a escala nacional se registraron más de 34.000 postulaciones, de las cuales alrededor de 26.000 fueron inhabilitadas por no cumplir requisitos legales, quedando apenas unas 8.100 habilitadas para los comicios. La Sala Plena del TSE determinó, además, otorgar plazo hasta el 5 de febrero para que las organizaciones políticas puedan sustituir a los candidatos inhabilitados, en un intento por garantizar la continuidad del proceso y evitar vacíos en las papeletas electorales.
Participación
Para Dina Chuquimia, exvocal del Tribunal Supremo Electoral, este fenómeno debe ser leído en clave histórica e institucional. “La participación ciudadana y de los partidos políticos en un sistema democrático como el que tenemos en Bolivia siempre es positivo”, señala, al recordar que durante décadas solo los partidos de alcance nacional podían presentar candidaturas en los niveles subnacionales. A partir de la Constitución Política del Estado de 2009 y de normas como la Ley 026 del Régimen Electoral y la Ley 1096 de Organizaciones Políticas, el espectro se amplió de manera significativa. “Ahora también participan agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas, lo que ha recontra multiplicado el número de candidaturas”, explica.
Ese nuevo diseño institucional se traduce hoy en una oferta política inédita. Solo en el nivel municipal se llevarán adelante elecciones en 342 municipios para elegir alcaldes y concejales, a lo que se suman nueve gobernaciones y, en algunos departamentos, figuras adicionales como vicegobernadores, corregidores u otras autoridades propias de la estructura autonómica. “Cuando se habla de elecciones subnacionales hay que tomar en cuenta que los candidatos están mucho más cerca de la ciudadanía, y eso implica que las alianzas entre partidos y agrupaciones ciudadanas se vuelvan una constante”, apunta Chuquimia.
Los datos por departamento reflejan esa dispersión. En Santa Cruz, por ejemplo, se registran 31 partidos y alianzas en competencia; en La Paz, 29; en Cochabamba, 22; y en Oruro, 21. Incluso departamentos con menor padrón electoral, como Pando o Beni, presentan más de una decena de siglas habilitadas. Esta atomización, advierte Chuquimia, tiene efectos directos sobre el comportamiento del electorado. “El voto se va a ir difuminando, se va a repartir entre todos los que están participando en determinados municipios y gobernaciones”, sostiene, en referencia a la dificultad de que una sola fuerza concentre mayorías claras.
La fragmentación del voto no es solo un fenómeno estadístico, sino un elemento que puede incidir de manera directa en la gobernabilidad local. El analista político Ricardo Paz recuerda que el diseño electoral boliviano, especialmente a partir del artículo 70 de la Ley 026, permite y fomenta el llamado voto cruzado. Alcaldes y concejales se eligen en franjas separadas, lo que habilita al ciudadano a optar por diferentes fuerzas políticas para el Ejecutivo municipal y el Concejo. Este mecanismo, lejos de ser un detalle técnico, “es una válvula de seguridad contra el poder absoluto”, ya que obliga a los alcaldes a negociar y construir consensos cuando no cuentan con mayoría legislativa.
Voto
Desde esta perspectiva, la dispersión de candidaturas puede tener un doble filo. Por un lado, amplía la representatividad y abre espacios para liderazgos locales, agrupaciones ciudadanas e incluso pueblos indígenas que acceden a la competencia electoral desde sus propias formas de organización. Por otro, incrementa el riesgo de gobiernos fragmentados, con autoridades electas con porcentajes reducidos de apoyo y concejos municipales altamente divididos.
El analista económico y político Omar Velasco introduce una mirada más crítica sobre el fenómeno. A su juicio, el elevado número de candidatos no siempre es sinónimo de mayor pluralismo. “En número elevado de candidatos no es sinónimo de pluralismo sino de oportunismo”, señala, al advertir la presencia de políticos reciclados, postulantes recurrentes que encadenan derrotas electorales y una escasa renovación generacional. En un país donde más del 50% del padrón electoral tiene menos de 35 años, Velasco subraya que los jóvenes siguen estando subrepresentados en las listas y en las estructuras de poder de los partidos y agrupaciones.
Otro elemento que atraviesa este proceso es el de las inhabilitaciones masivas. Las más de 26.000 candidaturas observadas o rechazadas evidencian, por un lado, deficiencias en el cumplimiento de requisitos legales, pero también las dificultades de muchas organizaciones para adecuarse a la normativa electoral. Chuquimia considera que este fenómeno debe ser gestionado principalmente desde los tribunales electorales departamentales, que son los que mantienen una relación directa con agrupaciones ciudadanas, pueblos indígenas y candidatos. “Es comprensible por la magnitud del proceso, pero también muestra que se ha rebasado lo que se esperaba respecto a la presentación de candidaturas”, afirma.
Elecciones subnacionales
En este contexto, las elecciones subnacionales se convierten en un laboratorio político. Para algunos actores, representan un “premio consuelo” para figuras que no lograron consolidarse en el ámbito nacional; para otros, una verdadera incubadora de nuevos liderazgos territoriales. La posibilidad de que alcaldes ganen con márgenes estrechos o que concejos municipales estén controlados por fuerzas distintas al Ejecutivo abre un escenario de mayor negociación política, pero también de potencial conflictividad.
Lo cierto es que, a pocas semanas de la votación, el mapa político subnacional aparece más fragmentado que nunca. Con 186 partidos y alianzas en carrera, miles de cargos en disputa y un electorado llamado a ejercer un voto cada vez más selectivo y crítico, el proceso pondrá a prueba no solo la capacidad organizativa del Órgano Electoral, sino también la madurez democrática de un sistema que ha optado por abrir las puertas a una pluralidad sin precedentes. En ese equilibrio entre participación y gobernabilidad se jugará buena parte del futuro político de los gobiernos locales que emerjan de las urnas.
