Este miércoles, luego de que no se presentara a su audiencia de medidas cautelares, el Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer 5 determinó declarar en rebeldía a Armin Dorgathen, expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en el marco de las investigaciones por el caso Botrading.
De esta manera, se emitió un mandamiento de aprehensión en su contra y se activó el denominado sello rojo de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) para que las fuerzas del orden de cualquier país puedan localizar y detener preventivamente al exfuncionario para que posteriormente sea extraditado al país.
El procurador general del Estado, Hugo León La Faye, informó que también se procedió al congelamiento de sus cuentas bancarias, arraigo nacional, anotación preventiva de todos sus bienes inmuebles y conservación de los instrumentos de convicción.
Según los indicios, Dorgathen se encuentra en Brasil, habiendo escapado a inicios de diciembre de 2025. Recientemente circuló un video de la exautoridad en un parque brasileño, donde fue reconocido por algunas personas que lo acusaron de ser un “ladrón y pícaro”.
Dorgathen
El expresidente de YPFB se encuentra investigado en el caso denominado Botrading, el cual investiga contratos irregulares en la importación de combustible en las gestiones 2023-2025.
De acuerdo con las investigaciones, Dorgathen y una decena de exfuncionarios de la petrolera estatal adjudicaban a Botrading, subsidiaria de YPFB con sede en Paraguay, contratos para la compra de diésel y gasolina con sobreprecio. El monto excedente se destinaba a beneficiar a los implicados en este presunto caso de corrupción.
La Fiscalía estima un daño económico al Estado de aproximadamente $us 800 millones, pero el monto podría ser mayor, pues todavía se realizan las investigaciones correspondientes y, hace no mucho, se abrió un nuevo caso denominado Botrading II.
En su momento, Dorgathen se presentó a declarar ante el Ministerio Público por estas indagaciones, pero negó estar implicado en cualquier posible hecho de corrupción y aseguró que no había ninguna irregularidad en los contratos.
Inclusive, una Comisión Especial de la Cámara de Diputados fiscalizó todos los documentos y no pudo comprobar que exista un hecho de corrupción tangible y demostrable, pero recomendó profundizar las investigaciones.
YPFB explicó que la supuesta diferencia entre los montos de dinero que figuran en los contratos y los montos que finalmente se desembolsaron se explica por un incremento en los volúmenes que la petrolera estatal debió adquirir para normalizar el suministro de combustibles en las últimas gestiones.
