El DS 5503 ha derivado en que un sector de la población lo identifique como una subasta de los recursos naturales. Se trata de una convocatoria amplia para la presentación de propuestas para la explotación de recursos naturales, debiendo darles curso en un plazo de 30 días. La norma se puede prestar para todo, ya que se les quita competencia a muchos organismos jurisdiccionales, que son especialistas en su área.
A contramano, la semana pasada el ministro de Hidrocarburos anunció que prepara cuatro proyectos de ley para su sector, encuadrados en la Constitución Política del Estado (CPE). Parece razonable, porque un inversionista serio no puede hacerse tentar por una propuesta al margen de las leyes y la CPE. Las normas actuales son producto de un debate nacional y una aprobación plebiscitaria por el pueblo boliviano en su conjunto.
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Los acápites sobre recursos naturales en la Constitución son explícitos, son la base para el desarrollo nacional a través de su industrialización y el agregado de valor en la cadena productiva. Son el camino para la diversificación productiva, la soberanía alimentaria y productiva. Este es el resultado de la experiencia histórica frente a las frustraciones del guano y el salitre, la goma y la quinina, la plata y el estaño, el petróleo y el gas; recursos que alimentaron otras economías, pero que sólo nos dejaron los rebalses.
La experiencia frustrada del nacionalismo revolucionario (1952-1985) y el modelo neoliberal (1985-2005) dio paso a un modelo incluyente con cuatro agentes productores: Estado, privados, comunitarios y cooperativistas. En este marco, si bien se puede reconocer falencias en las empresas estatales, por su falta de estructuras eficientes y transparentes, la actividad privada no tuvo mayores dificultades. Así se desarrollaron proyectos mineros de gran envergadura como San Cristóbal, Manquiri o San Vicente y, en el caso de las petroleras, se mantuvieron los contratos y se firmaron otros 30 nuevos; la agroindustria creció considerablemente. Por otro lado, los sectores comunitario y cooperativo no han logrado ser alternativas a la producción individual y minifundiaria, al contrario, (en el caso de los cooperativistas) han servido de alero para engendrar nuevas castas privilegiadas.
Sin duda, es preciso establecer si la falta de avance es producto de errores o es un problema conceptual. Todas las críticas se centran en elementos como la corrupción, lo incorrecto de uno y otro proyecto, la burocracia y la pesadez del aparato del Estado, pero no hay críticas a la visión constitucional. Por lo cual debemos conocer a detalle los caminos recorridos, dos ejemplos:
- a) El proyecto de litio no fue concebido como extractivista, sino se trataba de llegar a la producción de baterías, implementando 43 actividades productivas encadenadas: químicas, mineras, metalúrgicas, polímeros, etc. El proyecto como tal nunca fue cerrado; el golpe del 2019 lo paralizó y lo enterró, no se continuó con la construcción de las piscinas y las construidas -94- no fueron mantenidas y se fueron dañando; en vez de aceptar el hecho, se denostó al método de evaporación y se ilusionó con otra técnica, la Extracción Directa del Litio. Hoy estamos en cero, aunque hay dos plantas industriales de cloruro de potasio y carbonato de litio, sin embargo, casi paralizadas por falta de materia prima. La pregunta es ¿necesitamos auxilio extranjero para ponerlas en marcha?
- b) La continuidad de los contratos petroleros fue ipso facto; implican no sólo la producción sino también la exploración. En los hechos, después del 1 de mayo de 2006, las transnacionales dejaron de explorar, esperando una mejora de su participación económica; sin embargo, en las gestiones posteriores se siguieron firmando contratos con ellas y otras sin mayores resultados, pero ya tienen un pie adentro, para cuando se cambien las reglas. YPFB tuvo que asumir la exploración sin tener las capacidades administrativas ni técnicas, aunque llegó a invertir más de $us 3.000 millones en esta actividad.
Las actuales autoridades han jurado fidelidad a la Constitución y las leyes. Si bien se dice que nada está escrito en piedra, su modificación no es un capricho, debe derivarse de un debate amplio -democracia directa y participativa- y después debe ser la voluntad popular la que determine si se cambia o no. Mientras tanto, se puede modificar las leyes en el espíritu de la Constitución Plurinacional.
(*) José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero
