El Gobierno informó este lunes sobre el avance de procesos judiciales por presunta corrupción en la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa). Se presume un daño económico preliminar estimado en Bs 260 millones.
El ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Óscar Mario Justiniano, presentó el informe junto con el gerente general de Emapa, Sergio Siles, durante una conferencia de prensa en La Paz.
Justiniano señaló que las investigaciones se sustentan en auditorías e informes técnicos que derivaron en acciones legales contra exautoridades, exfuncionarios y particulares vinculados a la estatal alimentaria.
Emapa
“Este Gobierno tiene cero tolerancia a la corrupción, más aún cuando se trata de recursos destinados a productores y a la seguridad alimentaria de las familias bolivianas”, afirmó la autoridad.
Recordó que Emapa fue concebida como una empresa estratégica para apoyar la producción nacional y garantizar el acceso a alimentos a precio justo.
Por su parte, Siles detalló al menos cinco casos relevantes que se encuentran en etapa de investigación penal y administrativa.
Uno de los principales procesos corresponde a la planta de transformación, acopio y almacenamiento de papa, con una inversión aproximada de Bs 148 millones.
Corrupción
En ese caso se investigan presuntos delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y enriquecimiento ilícito, según el informe presentado.
Por este proceso, el exgerente de la estatal Franklin Flores cumple detención preventiva en el penal de San Pedro, junto a otras personas involucradas.
Otro caso expuesto es el denominado Harina 1, relacionado con la compra de harina subvencionada y su presunta reventa a precios elevados.
El daño económico estimado en este proceso asciende a Bs 3,4 millones e involucra a exfuncionarios de Emapa y exdirigentes sociales.
Investigación
Siles también informó sobre el caso Harina 2, una ampliación de las investigaciones por la magnitud del esquema irregular detectado.
En este proceso se indagan delitos como contratos lesivos al Estado, tráfico de influencias, asociación delictuosa y uso indebido de bienes públicos.
Asimismo, se presentó el caso de la planta piscícola del lago Titicaca, un proyecto inconcluso con una inversión de Bs 87,7 millones.
Las investigaciones apuntan a presunto incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, con el objetivo de evitar la impunidad.
Además de esos casos, se expusieron procesos por enriquecimiento ilícito y nombramientos ilegales, donde se detectó la designación de personal sin requisitos técnicos.
Procesos
“Corresponde al Ministerio Público seguir brindando información y respaldos para garantizar una investigación transparente y correcta”, señaló Siles.
Justiniano aclaró que las auditorías continúan y que podrían identificarse más irregularidades cometidas en las últimas dos décadas.
El ministro aseguró que el objetivo es restituir la confianza ciudadana en las empresas estratégicas del Estado, respetando el debido proceso y la independencia judicial.
