El abogado Eduardo León pidió que el expresidente Luis Arce cumpla seis meses de detención preventiva en la cárcel de San Pedro. Su solicitud surge tras conocerse que la Fiscalía pidió cuatro meses de detención en el Centro de Rehabilitación Qalahuma.
El jurista cuestionó la decisión del Ministerio Público porque Qalahuma es un centro diseñado para jóvenes en proceso de reinserción. Ese recinto se encuentra en Viacha, a unos 28 kilómetros de la ciudad de La Paz.
“Vamos a pedir que se deje sin efecto el requerimiento fiscal. Solicitaremos detención preventiva por seis meses en San Pedro para Luis Arce”, afirmó León citado por Unitel.
Luis Arce
Sostuvo que enviar al exmandatario a Qalahuma sería “favorecerlo descaradamente”.
Calificó como una “burla” la petición fiscal. Señaló que el Código de Procedimiento Penal no permite que detenidos preventivos sean enviados a recintos que no sean penitenciarios.
“A Luis Arce lo quieren llevar a un reformatorio. No sabemos de dónde sacaron esa idea. La Fiscalía está rayando en lo ridículo”, consideró.
En esa línea, aseguró que el Ministerio Público debe explicar al país el fundamento de su pedido.
León respondió también a las declaraciones de la exministra Marianela Prada, quien negó que exista una norma que prohíba transferencias de recursos públicos a cuentas personales. Esa afirmación fue rechazada por el profesional.
Detención preventiva
El jurista sostuvo que el Presupuesto General del Estado (PGE) de 2010 a 2015, la Ley SAFCO, la Ley 004 y el reglamento del ex Fondo Indígena prohíben ese tipo de transferencias. Indicó que esa práctica constituye un delito por el uso irregular de fondos estatales.
Afirmó que existe un “elemento de conexión” clave: el testimonio 01/2010. Según León, ese documento demuestra que Arce autorizó y permitió el traslado de recursos a cuentas privadas.
El abogado aseguró que esas operaciones ocurrieron entre 2013 y 2015 y que el daño económico, según dijo, supera los Bs 4.000 millones.
Eduardo León
Recordó que en los casos de Luis Fernando Camacho y Jeanine Añez se aplicaron medidas más duras. Mencionó que ambos fueron enviados a cárceles de máxima seguridad.
León cuestionó los riesgos procesales planteados por la Fiscalía. Sostuvo que son “frágiles” y no reflejan la gravedad del caso.
Finalmente, afirmó que Arce mantiene poder político y que el MAS aún influye en la Fiscalía paceña. Considera que esa influencia afecta el desarrollo del proceso.
