El Juzgado Público Mixto en materia Civil, Comercial, de Familia e Instrucción Penal 1º de La Guardia, Santa Cruz, ordenó la aprehensión los cinco magistrados denunciados por autoprorrogarse en sus cargos, dentro de una acción popular presentada en el departamento de Santa Cruz.
La determinación fue emitida por el juez Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, quien instruyó a cualquier funcionario policial ejecutar la aprehensión y trasladar a los implicados al Módulo Policial de La Guardia, para luego ponerlos a disposición del juzgado.
La orden se enmarca en la acción popular interpuesta por Olivar Coronado Pardo. Los accionados son Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, Yván Espada Navia, Julia Elizabeth Cornejo Gallardo e Isidora Jiménez Castro, además de Karem Gallardo, sobre quien pesa el mandamiento firmado el 25 de noviembre de 2025.
Asimismo, se conoció que la exmagistrada Isidora Jiménez habría presentado su renuncia en las últimas horas.
Según el mandamiento, la medida se adopta para que los involucrados comparezcan y el tribunal pueda resolver la acción popular que cuestiona la permanencia irregular de estas autoridades en sus funciones.
También se conoció que la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí determinó el cese inmediato de los cinco magistrados “autoprorrogados”. La instancia constitucional ordenó también la suspensión de sus salarios y dispuso una custodia inmediata para garantizar que abandonen sus oficinas.
La Sala Constitucional instaló la audiencia para tratar la situación de los magistrados prorrogados del TCP y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), quienes extendieron su mandato mediante un Decreto Constitucional Plurinacional emitido el 11 de diciembre de 2023.
Paralelamente, se conoció de otra acción popular resuelta en la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, donde se determinó la prohibición de ingreso de los cinco magistrados “autoprorrogados” a las instalaciones del TCP.
La resolución exhorta a la Policía Boliviana a tomar conocimiento de la disposición y ejecutar su cumplimiento. El vocal José Manuel Gutiérrez Velásquez informó que, al otorgarse la tutela de la acción popular, se determina de manera inmediata el cese de los magistrados, dejando sin efecto cualquier resolución emitida por estos a partir de la decisión adoptada.
La Sala Constitucional también exhortó a la Asamblea Legislativa Plurinacional y al Presidente del Estado a aprobar, con urgencia, el marco normativo que permita la posesión de los magistrados electos en 2024 y cubrir de manera oportuna las acefalías generadas.
