La confirmación de la vigencia del Ministerio de Minería y el posterior nombramiento del ministro dio paso a las congratulaciones al mismo por los sectores del área: trabajadores asalariados, empresarios y cooperativistas, cada uno con sus planteamientos, tal vez algunos alentados por el anuncio del presidente Rodrigo Paz de modificar la Ley de Minería.
Al respecto hay que puntualizar lo siguiente: la actual ley se deriva de la nueva política consagrada en la Constitución Política del Estado, aprobada en plebiscito el año 2009. Cambia el modelo extractivista primario a uno que impulsa su industrialización; suprime el régimen concesionario por un contrato administrativo minero, evitando la acumulación ociosa de los recursos mineros. El nuevo régimen se hace eco del respeto a la naturaleza y a la población originaria, estableciendo la obligatoriedad de la licencia ambiental y la consulta social; el contrato administrativo minero, que incluye plan de trabajo e inversión, debe ser aprobado en la Asamblea Plurinacional, con una ley, ¡qué mayor seguridad jurídica! Este mandato fue plasmado en la Ley 535 de 2014, donde los tres sectores la consensuaron en largas sesiones de discusión. En la realidad, no se la aplica.
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En sí, los requisitos de la ley no son nada extraordinarios, son los mínimos para contar con la seriedad de un compromiso por parte del Estado. Era necesario cambiar de chip, deshacerse de la lógica “yo llegué primero y el yacimiento es mío”. La minería es una actividad de riesgo, no sólo económica, sino también ambiental y social, por lo cual, dar derecho sobre un recurso nacional, de todos y cada uno de los bolivianos, requiere garantizar el bien común.
Al hablar de cambios de la ley ¿realmente se pretende volver al régimen concesionario, donde el pago de una patente transfiere el derecho propietario del Estado al concesionario, dando paso a acciones bursátiles de las más variadas, sin cumplir el motivo de la concesión, la explotación minera o disponer el recurso natural como mejor le parezca, olvidando el fin nacional de agregar valor, con la industrialización, que beneficie al conjunto de la nación?
Los altos precios de los minerales que se dan en este momento abren la posibilidad de revisar la tabla de regalías, que se mantiene desde 1997, cuando la expectativa máxima en la cotización del oro era $us 700 la onza troy y pagaba 7% de su valor. Hoy pasa los $us 4.000 y se sigue pagando el 7%, lo que amerita su revisión; en esta realidad no hay oro marginal, se debe imponer una regalía única al oro, cualquiera que sea su procedencia.
Esta rémora en la aplicación de la ley ha llevado a distorsiones que han oscurecido el futuro de la minería. Las concesiones debían de adecuarse en contratos en un año, sin embargo, cada año se extiende el plazo, lo que significa una prolongación de las concesiones sin adecuación; no hay información sobre si las grandes empresas se adhirieron a la ley, aunque muchas ya han cambiado de titular. En la mayoría de los casos de la minería chica y cooperativas no lo han hecho y siguen trabajando como antes. Por otro lado, se acumularon las solicitudes de contratos y, sin estar suscritos, se han autorizado operaciones bajo el denominativo de cateo.
Por su lado, la COMIBOL, llamada a ser una empresa productora, ha prolongado los contratos de alquiler que tiene con cooperativas y otros actores mineros, sin exigir el plan de trabajo. Así continúa la explotación en zonas prohibidas, como la cumbre del Cerro Rico de Potosí, o las operaciones nada racionales en interior mina en el mismo yacimiento, que han causado 108 muertos en lo que va del año.
La COMIBOL tiene un papel fundamental en la cadena de valor del sector minero: es la única empresa en la que el 100% de su producción de estaño y cobre se exporta como metal y no como concentrado, logrando que el valor íntegro del recurso mineral llegue al Estado. Para que siga creciendo en esa dirección es fundamental su reorganización, cumpliendo con las leyes de minería y de las empresas públicas.
Una ley que no se cumple es un saludo a la bandera, una modificación que no se concreta es continuar con la indolencia.
(*) José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero
