El presidente Rodrigo Paz entregó este jueves las oficinas de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) a la activista Amparo Carvajal, quien desde 2023 había sido impedida de ingresar al edificio tras su toma por un grupo afín al anterior gobierno.
La ceremonia, marcada por el simbolismo y la emotividad, contó con la presencia de Carvajal —de 86 años, sentada en silla de ruedas— quien recibió de manos del Presidente las llaves de la sede, recuperando así el espacio que ocupaba en su calidad de representante de la institución.
“A mujeres como Amparo, pero también a muchos hombres y mujeres de la patria, hacen que estos momentos se vuelva a sentir libertad (…), la estamos recuperando paso a paso”, afirmó Paz, destacando que su gestión apenas cumple 12 días, en contraste con “más de 7.300 días de abusos y persecución” en referencia a los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS).
APDHB
El Mandatario remarcó que la libertad es el eje fundamental de toda reconstrucción estatal como la que busca su gestión.
“La patria nos requiere y la mejor manera de defenderla es defender nuestra democracia y darle un mejor futuro”, sostuvo visiblemente emocionado.
Carvajal, por su parte, agradeció la restitución y subrayó que la sede “no es la casa de Amparo, es la casa de ustedes”.
“Todos debemos tener un único objetivo: la verdad y la justicia, que es lo que nos hace libres. ¡Que viva Bolivia!”, remarcó.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, resaltó el valor histórico de la entrega y recordó que Carvajal ha sido una referente en la defensa de perseguidos políticos durante al menos cinco décadas. La autoridad enfatizó que el acto reafirma el rol de la APDHB como institución independiente y reconocida en materia de derechos humanos.
La devolución ocurre después de más de dos años del violento episodio del 2 de junio de 2023, cuando un grupo liderado por Édgar Salazar tomó el edificio, expulsó a voluntarios y bloqueó el acceso a la dirigencia legítima. Desde entonces, la sede permaneció en manos de ese sector paralelo vinculado al gobierno del MAS.
Oviedo aclaró que, respecto a eventuales responsabilidades, será el Ministerio Público y el Órgano Judicial quienes definan los tipos penales y acciones correspondientes.
“El Gobierno no se inmiscuirá en otros poderes del Estado; este acto es simbólico y por eso el presidente decidió hacerlo de manera personal”, puntualizó.
