El abogado Juan Carlos Revollo, defensor del activista Fernando Hamdan, presentó una acción resarcitoria contra el presidente Luis Arce y sus ministros por los daños ocasionados a su cliente, a quien el Gobierno vinculó con el supuesto intento de golpe de Estado del 26 de junio de 2024.
“El procedimiento inicia con un ámbito conciliatorio. Si no hay acuerdo respecto del pago, se inicia la demanda formal”, explicó Revollo, citado por ANF.
El jurista invitó a otros ciudadanos afectados a sumarse a la acción, señalando que “todo aquel que haya sufrido perjuicio puede exigir compensación”.
Golpe de Estado ‘fallido’
El 26 de junio de 2024, un operativo militar liderado por el excomandante del Ejército Juan José Zúñiga tomó la plaza Murillo. Aunque el Gobierno lo calificó de golpe fallido, el propio Zúñiga reveló ese mismo día que la acción fue coordinada con el jefe de Estado para elevar su popularidad.
Desde entonces, el Gobierno sostuvo una versión oficial de intento de golpe. Incluso mediante la producción de un documental del Ministerio de Gobierno, pese a que el Senado concluyó lo contrario.
El informe final de la Comisión Especial del Senado determinó que no existe evidencia ni prueba alguna que demuestre la intención de derrocar al presidente o tomar instituciones del Estado. “No hay indicio de que el desplazamiento militar del 26 de junio tuviera como objetivo deponer al Presidente”, afirma la primera conclusión del documento aprobado por mayoría.
Proceso
Hamdan fue sindicado por el Gobierno como coautor de la supuesta asonada. Su imagen como defensor de derechos humanos fue dañada, motivo por el cual su defensa exige un resarcimiento integral.
Revollo adelantó que, si no prospera la conciliación en el ámbito interno, se acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Cuando se agoten los recursos nacionales, iniciaremos el proceso internacional para que se compense a Hamdan y a otros ciudadanos difamados”, sostuvo.
El abogado, además, dijo que la simulación de un golpe por parte del Gobierno podría derivar en graves consecuencias económicas para el Estado. “Si calculamos la afectación, estaríamos hablando de un monto importante por los perjuicios ocasionados a personas, empresas y familias”, señaló.
Según Revollo, el caso no solo busca justicia para Hamdan. También sentar un precedente contra el uso político del sistema judicial y las acusaciones sin sustento.
