El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, saludó este jueves la aprobación del Proyecto de Ley de Reparación Integral para Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos, norma que —según dijo— representa un paso trascendental hacia la justicia, la memoria y la reparación de las personas afectadas durante periodos de represión y vulneración de derechos en el país.
“El proyecto de ley, ya sancionado por la Cámara de Senadores, representa un paso fundamental hacia la justicia, la reparación integral y la garantía de no repetición para las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en periodos de ruptura del orden constitucional”, expresó Callisaya a través de su cuenta en X (antes Twitter).
En ese sentido, exhortó al Órgano Ejecutivo a promulgar la ley “y hacer efectiva el compromiso de verdad y justicia que las víctimas y sus familias han esperado por años”.
“La justicia no puede seguir esperando, porque sin justicia no hay democracia ni paz duradera”, subrayó el Callisaya.
Desde la Defensoría del Pueblo se destacó que este avance legislativo fue posible gracias a un proceso de acompañamiento continuo a las víctimas y sus organizaciones, impulsado en coordinación con el Ministerio de Justicia y, posteriormente, con la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Como parte de ese acompañamiento, la institución realizó gestiones técnicas, reuniones interinstitucionales, seguimiento a las sesiones de ambas cámaras y apoyo jurídico especializado durante las etapas de debate y aprobación de la norma.
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Asimismo, la Defensoría brindó asistencia técnica y facilitó espacios de diálogo entre las víctimas y las autoridades legislativas, permitiendo que sus propuestas y observaciones fueran incorporadas en el texto final del proyecto de ley. La entidad también mantuvo presencia permanente en las instancias de tratamiento, reforzando su rol constitucional de defensa y promoción de los derechos humanos.
La norma, remitida al Órgano Ejecutivo para su promulgación, establece mecanismos integrales de reparación que comprenden medidas de compensación económica, atención médica y psicológica, acceso a la educación, reconocimiento público, programas de reintegración social y garantías de no repetición.
Callisaya destacó que la aprobación de esta ley ratifica el compromiso institucional con la verdad, la justicia y la memoria histórica, pilares —dijo— fundamentales para consolidar una política de Estado orientada a la reparación integral y la no repetición de violaciones a los derechos humanos.
