Tras el nuevo avasallamiento registrado en la propiedad El Encanto, en la provincia de Guarayos (Santa Cruz), el cuarto en menos de tres años, el abogado de la familia afectada, Álvaro La Torre, exigió al Ministerio Público actuar con firmeza contra las organizaciones criminales que promueven la toma ilegal de tierras en la región.
“Queremos pedirle al Ministerio Público, señor Roger Mariaca (fiscal general), así como se ocupa de los temas de violencia sexual, que es ponderable, que también se ocupe de los avasallamientos. En este tema, la acción es prácticamente nula. Por favor, sacúdase del yugo político”, manifestó el jurista.
Avasallamiento
Según La Torre, la Fiscalía de Guarayos se negó a recibir la denuncia de los propietarios del predio, alegando que debía presentarse en Santa Cruz, lo que agrava la situación de la familia, que mantiene paralizadas sus labores agrícolas por la presencia de grupos irregulares en la zona.
Anteriormente, los trabajadores de la propiedad denunciaron agresiones y daños en los canales de drenaje, que fueron bloqueados con tierra y troncos por los invasores para facilitar su paso en motocicleta.
El abogado recordó que el grupo había sido desalojado en 2023, pero volvió a ingresar de forma violenta. “Nos han dicho que si no cedemos parte del terreno donde estaban antes del desalojo, van a tomar represalias”, denunció la familia.
En respuesta a la escalada de conflictos agrarios, la Gobernación de Santa Cruz instaló recientemente una mesa interinstitucional junto al Tribunal Departamental de Justicia (TDJ), la Fiscalía y la Policía, con el compromiso de enfrentar los avasallamientos sin “privilegios ni impunidad”.
“El sistema de justicia va a ser implacable, no habrá fueros ni privilegios”, afirmó el presidente del TDJ, Ismael Quezada, mientras que el fiscal departamental Alberto Zeballos aseguró que se aplicará “todo el rigor de la ley” para frenar estas acciones ilegales.
Además, La Torre identificó como presuntos cabecillas de la toma a Martín A., Felipe P. (alias el Tuco), Osmar P. y el asambleísta Cirilo D., a quienes acusó de “lucrar con la aspiración de tener tierra” y de actuar “con total impunidad” en la zona.
