El ejecutivo de la Federación Regional de Transportes Yungas La Paz, Freddy Avirari, denunció que 13 conductores de cisternas fueron procesados de oficio por el Ministerio Público en el marco de las investigaciones sobre la presunta contaminación de combustible, un hecho que el sector califica como un intento del Gobierno de “lavarse las manos”.
“Los compañeros de Simtrac (Sindicato Mixto de Transportes en Carburantes Nacional e Internacional) están siendo calumniados, como si ellos fueran los responsables de la contaminación del combustible. Nosotros creemos que el Gobierno busca deslindar responsabilidades y culpar a los cisterneros”, afirmó Avirari en conferencia de prensa.
Cisterneros
De acuerdo con la denuncia, los conductores de Simtrac fueron imputados por el presunto delito de atentado contra la seguridad de los servicios públicos. Segú el dirigente Juan Carlos Quispe, el proceso se activó tras una denuncia que atribuye la contaminación del diésel a los transportistas que el 6 de febrero cargaron combustible en una planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
El dirigente remarcó que los conductores no manipulan el carburante, ya que esa labor corresponde al personal técnico de YPFB y a los inspectores de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), encargados de certificar su calidad.
“Nosotros solo conducimos las cisternas. El control y despacho del combustible es responsabilidad de las instituciones del Estado”, subrayó.
Según Quispe, tres de los cisterneros fueron enviados con detención domiciliaria sin derecho al trabajo, mientras que los otros 10 tienen órdenes de aprehensión vigentes.
El dirigente de los transportistas Edgar Quispe sostuvo que el caso tendría motivaciones políticas y que se busca “tapar errores en la cadena de importación y control del combustible”, al tiempo que pidió una investigación transparente que determine a los verdaderos responsables.
Los gremios del transporte interprovincial recordaron que meses atrás denunciaron públicamente daños en sus vehículos por el uso de combustible adulterado, lo que derivó en reuniones con la ANH y otras instituciones para revisar la calidad del producto distribuido en los surtidores del país.
Mientras el Ministerio Público avanza en el proceso, los transportistas yungueños advirtieron que no descartan movilizaciones si continúan las acciones judiciales contra los cisterneros, a quienes consideran “chivos expiatorios de un problema estructural en la gestión de los carburantes”.
