Ya pasaron dos días desde que se sancionó la “Ley corta excepcional y transitoria para garantizar el abastecimiento de diésel y gasolina en situación de emergencia”, por lo que el Comité pro Santa Cruz exige al presidente Luis Arce promulgar la norma.
Stello Cochamanidis, presidente de los cívicos cruceños, señaló que la firma es el paso más sencillo, pero, paradójicamente, es donde el proyecto podría estancarse.
“Falta el paso más sencillo, posiblemente el más difícil, pero el más sencillo: que firme el presidente Arce. Solo falta la firma de él para que esta ley sea subida a la Gaceta”, afirmó este domingo en conferencia de prensa.
Ley
En esencia, la ley busca autorizar por 90 días que personas naturales y sectores privados puedan importar combustible de manera directa, sin necesidad de pasar por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). De esa manera, los camiones cisternas podría llevar diésel y gasolina directamente a las estaciones de servicio, dejando de lado las plantas de almacenaje de la petrolera estatal.
Cochamanidis señaló que, ante “la incapacidad de YPFB” y la “inoperancia del Gobierno”, la solución para el desabastecimiento debe venir de la ciudadanía. “Tenemos que ser una vez más los ciudadanos quienes buscamos solución, pero serán también ciudadanos privados que ayuden a que el combustible llegue”, sostuvo.
La ley también libera del pago del Impuesto a la Transferencia (IT) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las importaciones bajo este régimen temporal, “para que el precio no sea elevado y pueda estar medianamente al alcance de todos”, según el presidente de los cívicos.
Combustible
De esta manera, las estaciones de servicio podrán comercializar tanto el combustible a precio subvencionado como a precio internacional.
“Los surtidores podrán tener en una bomba el combustible subvencionado que trae Yacimientos, totalmente deficitario, pero al final, es lo que trae, o también en otra bomba el combustible que los surtidores o las empresas privadas puedan importar de manera directa”, precisó Cochamanidis.
El presidente del Comité pro Santa Cruz indicó que se trata de una medida provisoria, hasta el 8 de noviembre, cuando el nuevo gobierno defina su política hidrocarburífera.
“Tiene que volver a la normalidad el combustible. Hoy serán los privados los que nos den una mano y después del 8 de noviembre, pues, será el gobierno que asume el que emplee un plan para que esto se viabilice”, remarcó.
Cochamanidis recordó la complicada situación que atraviesa el país por la falta de carburantes, problema que ya no afecta solo al sector productor, sino a la ciudadanía en su conjunto. Esto debido a que las clases en algunas universidades se desarrollan de manera virtual y porque el transporte público escasea y dificulta el trabajo de las personas.
