El Consejo de la Magistratura continúa con las acciones de control y fiscalización en el departamento de Santa Cruz, ante el incremento de denuncias ciudadanas por retardación de justicia, falta de transparencia y presuntos actos de corrupción.
El presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, junto al consejero Carlos Spencer, encabezó las labores de supervisión y atención directa a la población, recibiendo denuncias y testimonios sobre irregularidades en el trabajo de algunos jueces.
“Estamos en Santa Cruz con el consejero Carlos Spencer para que la población y el mundo litigante puedan hacer sus denuncias de primera mano. Queremos escuchar directamente a la ciudadanía afectada por la retardación, la falta de transparencia o posibles hechos de corrupción”, declaró Baptista.
El titular de la Magistratura explicó que estas acciones forman parte de un plan nacional de fiscalización que se replicará progresivamente en todos los departamentos del país.
“La población está cansada de la retardación de justicia y de que los fallos sean manipulados. Por eso hemos decidido intensificar el control judicial y garantizar que se respete el mandato constitucional que nos otorga la función de supervisar la labor de los jueces”, señaló.
Lea más: Magistratura anuncia intervención de juzgados por retardación de justicia
Durante la jornada, el equipo del Consejo registró diversas denuncias vinculadas a procesos judiciales prolongados, resoluciones revocadas por salas constitucionales y casos con presunta vulneración de derechos procesales.
Baptista indicó que todos estos casos serán analizados y sometidos a seguimiento institucional para determinar responsabilidades y aplicar las medidas correctivas correspondientes.
“El control que realizamos no interfiere con la independencia judicial, sino que busca garantizar que esta se ejerza con responsabilidad. Respetamos la dignidad de los jueces, pero también debemos cumplir con nuestro deber de fiscalizar los actos de la administración de justicia”, afirmó.
Recordó que, en otros distritos del país, como Cochabamba, ya se han iniciado procesos penales contra jueces por prevaricato y resoluciones contrarias a la ley y la Constitución, varios de los cuales están próximos a sentencia.
“El mismo trabajo se está realizando ahora en Santa Cruz y en los demás departamentos. Es cuestión de tiempo para que se ordene la casa y tengamos nuevos jueces más conscientes de la responsabilidad que implica administrar justicia”, enfatizó.
Con estas acciones, el Consejo de la Magistratura expresa su compromiso de luchar contra la retardación de justicia, promover la transparencia institucional y recuperar la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial boliviano.





















































































