De acuerdo con Luis Encinas, gerente de la Cámara Automotor Boliviana CAB), en los últimos 10 años ingresaron 1,4 millones de autos chutos. Si durante ese periodo los vehículos indocumentados hubieran ingresado cumpliendo el proceso legal y con el pago de impuestos, habrían aportado $us 5.000 millones a la economía nacional.
“El sector formal que importa los vehículos legalmente con contratos en representación de marca con el fabricante, aporta aproximadamente 500 millones de dólares al año. Estamos hablando que, en 10 años, que ha sido el acumulado, estamos hablando de más de 5.000 millones de dólares que pudieron aportar los autos chutos”, indicó este viernes en conferencia de prensa.
Chutos
Encinas explicó que la CAB se encuentra regulada por la Aduana Nacional, el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) y el Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, mientras que ninguna de estas instituciones controla los millones de vehículos ilegales que hay en el país.
Además, considera que hay una «persecución» al sector formal, pues también existe el Decreto Supremo 2232 que prohíbe la importación de un vehículo que durante su traslado tuvo “daños menores”.
“Tenemos procesos legales de más cinco años para poder evitar que nos decomisen un auto, que lo devuelvan al país de origen, porque ha tenido un raspón de por lo menos 3 centímetros”, protestó.
Sin embargo, los autos chutos ingresan en condiciones precarias, pero operan con normalidad en el país. “Es muy difícil ser legal en el país, todo lo que es ilegal tiene premio”, fustigó respecto a esa situación.
CAB
El gerente de la CAB aseguró que recorrió todo el país e identificó decenas de ferias donde se venden vehículos indocumentados en plena carretera y ninguna institución interviene. Por ello, afirmó que se generan una “competencia desleal” contra su sector.
Por ejemplo, según Encinas, un vehículo Lamborghini, que se vende legalmente “en medio millón de dólares”, se adquiere de manera ilegal en el país por hasta $us 30.000.
“Algún interés debe haber (…), a nosotros para poder vender un vehículo, no nos permiten hacer la entrega si no tiene el B-Sisa”, fustigó.
En ese sentido, hizo un llamado público a los candidatos a la Presidencia para que se evalúe qué hacer con los 1,4 millones de autos chutos en el país. Aseguró que la CAB se compromete a brindar un asesoramiento técnico para enfrentar esta situación.
«No hay que prestar oídos sordos. ¿Quieren dar una solución? ¿Quieren que nosotros con nuestros equipos técnicos podamos asesorarlos en ese sentido? Estoy a su disposición y les hago pública la invitación», dijo.
Según Encinas, en los últimos días se intentaron contactar con Rodrigo Paz Pereira, cuyo partido impulsa la propuesta de la legalización, y Jorge Tuto Quiroga. Sin embargo, por la apretada agenda de ambos no se logró entablar contacto.
