El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, defendió la revisión de los plazos procesales en los casos que se siguen contra Jeanine Añez, Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, y expresó su solidaridad con las víctimas de los hechos de Sacaba y Senkata ocurridos durante la crisis de 2019.
Saucedo reconoció que algunos detenidos fueron liberados debido a que sus procesos no se llevaron de manera adecuada, lo cual provocó el vencimiento de las medidas cautelares.
“Nuestra solidaridad con todas las víctimas de Senkata y Sacaba y todas las víctimas en general del país. Lo que pasa es que cuando las cosas se hacen mal hay que corregirlas, y, lastimosamente, los procesos fueron mal llevados”, afirmó en radio Fides.
En agosto, Saucedo instruyó a los Tribunales Departamentales de Justicia revisar de manera inmediata los plazos procesales en los casos contra las tres exautoridades y líderes políticos.
La disposición ordenaba a las jurisdicciones departamentales verificar en un plazo de 24 horas el cumplimiento de las medidas de detención preventiva, lo que permitió que Áñez y los dos exlíderes cívicos obtuvieran su libertad. El caso de la expresidenta es distinto, porque cumple una condena de 10 años de prisión por el caso Golpe de Estado II. Este proceso tiene que ver con la asunción de Áñez a la Presidencia de manera irregular tras la renuncia de Evo Morales.
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El magistrado sostuvo que la justicia no puede ser “cómplice de procesos que no se enmarcaron en derecho”. “Queremos que haya justicia y se esclarezcan los hechos, pero hay que hacer las cosas bien, y nosotros vamos a estar para controlar que las cosas se hagan bien”, señaló.
Las declaraciones de Saucedo se producen después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en América del Sur expresaran su preocupación por las recientes decisiones judiciales que anularon los procesos por las graves violaciones de derechos humanos cometidas en las masacres de Senkata y Sacaba en 2019.
En agosto, los jueces a cargo de ambos casos dispusieron la nulidad de los expedientes por incompetencia en la materia y la Defensoría del Pueblo de Bolivia expresó su preocupación ante el riesgo de que estas decisiones generen impunidad y vulneren el derecho de las víctimas al acceso a la justicia de manera pronta y oportuna.
Consultado sobre el beneficio alcanzado también por exjefes militares y policiales, Saucedo aseguró que la detención preventiva no es una solución definitiva.
“Nos vendieron ilusiones diciéndonos: ‘está con detención preventiva’, cuando lo ideal es llegar a una sentencia, te absuelva o te declare responsable de un hecho que cometiste”, dijo.
Agregó que mientras no se dicten sentencias, “se seguirá mintiendo al pueblo y nosotros no estamos para mentir”.
