El Informe del GIEI sobre Sacaba y Senkata documentó que en 2019 Bolivia vivió graves violaciones de derechos humanos, con masacres, tortura y persecución política.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) fue un mecanismo de investigación internacional creado para indagar sobre los actos de violencia y las violaciones de derechos humanos que ocurrieron en Bolivia entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.
Este grupo fue establecido a través de un acuerdo firmado el 12 de diciembre de 2019 entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Gobierno de Bolivia presidido por Jeanine Áñez, con el objetivo de apoyar las investigaciones estatales sobre esos hechos.
El informe, documento presentado tras ocho meses de investigación, señaló que las fuerzas de seguridad del Estado actuaron con uso excesivo y letal de la fuerza, dejando al menos 37 fallecidos y cientos de heridos en todo el país.
Sacaba y Senkata, episodios trágicos
- Sacaba (15 de noviembre de 2019): la represión a una marcha de cocaleros dejó 10 muertos y más de 100 heridos.
- Senkata (19 de noviembre de 2019): el operativo militar y policial en El Alto causó 11 muertes confirmadas y decenas de heridos por disparos de bala.
El GIEI destacó que en ambos casos las fuerzas de seguridad impidieron la atención médica inmediata y manipularon evidencias, lo que refuerza la conclusión de que se trató de ejecuciones sumarias.
Patrones de violencia
El informe identificó un patrón de represión estatal y de omisión deliberada frente a ataques de grupos civiles.
Otros hechos documentados incluyen:
- Ataques contra las Caravanas del Sur con heridos, secuestros y violencia de género.
- Agresiones a la alcaldesa de Vinto, Patricia Arce, en un caso emblemático de violencia política y de género.
- Incendios a viviendas y medios de comunicación y la quema de 64 buses Pumakatari en La Paz.
El GIEI subrayó que se ejerció racismo y violencia de género como formas de persecución, acompañadas de un discurso de odio que buscó deshumanizar al adversario político.
Justicia pendiente
El informe responsabilizó al Estado por acción directa de policías y militares, y también por omisión ante la violencia civil.
Además, denunció:
- Instrumentalización del sistema judicial, con procesos penales arbitrarios contra opositores.
- Uso indebido de tipos penales como sedición y terrorismo.
- Abuso de la detención preventiva y persecución política.
El GIEI concluyó que la falta de investigaciones diligentes y la ausencia de reparaciones integrales han perpetuado la impunidad.
Reparación a víctimas
El grupo de expertos emitió 36 recomendaciones, entre ellas:
- Implementar un plan integral de reparación para todas las víctimas, sin discriminación.
- Reformar el sistema de justicia para garantizar independencia y debido proceso.
- Eliminar el uso político de la justicia y desmilitarizar el orden público.
- Garantizar no repetición de los hechos y fomentar el diálogo intercultural.
El documento también señaló que el Decreto Supremo 4100, que prevé ayuda humanitaria, resultó insuficiente, pues no contempla a todas las víctimas ni cubre la magnitud de los daños.
Ver también: Exdefensora denuncia impunidad y cuestiona a la Justicia
Verdad y memoria
El Informe del GIEI sobre Sacaba y Senkata marcó un precedente en la historia reciente de Bolivia al dejar constancia de masacres y tortura.
La comunidad internacional y organizaciones como la CIDH y la ONU han pedido al Estado boliviano avanzar con urgencia en la justicia y reparación integral, para evitar el negacionismo político y garantizar que hechos similares no se repitan.
La memoria de las víctimas permanece como un recordatorio de la necesidad de verdad, justicia y reconciliación.
