Ante los altos índices de detención preventiva de jóvenes y el hacinamiento carcelario en Bolivia, el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, exhortó al Estado a tomar acciones urgentes.
Frente a los altos índices de detención preventiva de jóvenes de entre 18 y 28 años y el hacinamiento en los centros penitenciarios de Bolivia, el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, exhortó al Estado a revisar estas falencias e implementar acciones eficaces para garantizar el ejercicio de derechos de las personas jóvenes privadas de libertad.
Durante su programa El Defensor con el Pueblo, Callisaya analizó el diagnóstico nacional de Población Juvenil Privada de Libertad, que revela que a diciembre de 2024 existían más de 32.000 personas en esta condición, de las cuales 9.520 eran jóvenes de entre 18 y 28 años.
El informe señala que el 58,7% se encuentra con detención preventiva y que el nivel de hacinamiento supera el 105%. Asimismo, identificó tres debilidades críticas: el uso desproporcionado de la detención preventiva, el hacinamiento y las limitaciones en el acceso a la educación y al trabajo.
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“Amerita que todo el Estado, la Dirección General de Régimen Penitenciario, el Órgano Judicial, la Fiscalía General, entre otros involucrados, puedan reflexionar primero en la medida de la detención preventiva y como segundo, en asumir la necesidad de potenciar espacios de educación y formación técnica, para que sean espacios que permitan la reinserción social en un régimen penitenciario”, aseveró Callisaya.
Los testimonios recabados en los centros penitenciarios del país corroboraron estas falencias. Por ejemplo, una persona privada de libertad de 27 años, en Tarija, señaló: “no nos atienden en salud, nos dicen: puedes aguantar, eres joven”.
Una interna de 25 años en Cochabamba afirmó: “cada día somos más madres y luchamos por tener algún rubro, pero no abastece”; entre tanto, otro entrevistado afirmó que “no hay espacio ni para dormir”.
El director general del Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, recordó que antes, los jóvenes privados de libertad eran empleados de la población privada de libertad adulta y eran inducidos a la droga y el alcohol, pero “se hicieron avances”.
Por su parte, Abraham Colque, representante de Progettomondo MLAL, destacó la importancia de fortalecer las políticas de reinserción.
“Un tercio de cada 10 privados son jóvenes, estarán (encerrados) menos de años y volverán a la sociedad, y la pregunta es: ¿en qué condiciones volverán?, existe un alto riesgo de reincidir si no se hace nada. Se les ha cortado la educación y el trabajo (…) No es suficiente las políticas, se deben sumar otras instancias”, dijo.
El 29 de agosto de 2025, la Defensoría del Pueblo, en su calidad de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), presentó el Diagnóstico Nacional de Población Juvenil Privada de Libertad, resultado de visitas a 17 centros penitenciarios en los nueve departamentos, tanto en áreas rurales como urbanas.
En esas visitas se realizaron 284 encuestas, 46 entrevistas semiestructuradas y verificaciones de infraestructura penitenciaria, además de la revisión de información oficial del Estado.
