El 8 de septiembre es una fecha de doble conmemoración para Bolivia y Latinoamérica: se recuerda el Día Internacional de la Alfabetización, instaurado por la UNESCO en 1967, y el Día Nacional de la Educación Alternativa, que este 2025 cumple 70 años desde su incorporación oficial en la estructura educativa del país a través del Código de la Educación de 1955, bajo la denominación de “Educación de Adultos”. Estas efemérides invitan a reflexionar críticamente sobre los avances, dificultades y desafíos en la construcción de una educación inclusiva, democrática y de calidad para los sectores populares y los movimientos sociales.
Desde la fundación de la República en 1825, Simón Bolívar encomendó a su maestro, Simón Rodríguez, la tarea de sentar las bases de un sistema educativo público, con escuelas de artes y oficios para los hijos de criollos. Sin embargo, la inestabilidad política y la resistencia de los sectores conservadores frustraron su proyecto, obligando a Rodríguez a retirarse con la amarga sensación de haber “arado en el mar”. No obstante, su legado fue el concepto de “educación popular”, una idea que, más tarde, se entrelazó con el pensamiento liberador de Paulo Freire en la década de 1960, hoy presente en la Educación Alternativa boliviana.
A inicios del siglo XX, con la llegada del Partido Liberal al poder (1899-1920), se impulsó por primera vez un proyecto de educación para los pueblos indígenas, concebido como parte de una “regeneración nacional” (Martínez F., 2021). Este programa buscaba “civilizar” y asimilar a los originarios mediante la educación, en un contexto controlado por élites mineras, terratenientes y militares. Se implementaron las llamadas “escuelas ambulantes”, aunque estas ya habían sido organizadas previamente por caciques apoderados como Marcelino Llanqui y Leandro Nina Quispe. Más allá de la alfabetización, aquellas experiencias se convirtieron en espacios de resistencia cultural y defensa de derechos, un legado que todavía inspira a muchos centros educativos del país.
La Escuela-Ayllu de Warisata (1931), dirigida por Elizardo Pérez y Avelino Siñani, constituyó un hito en la educación indígena boliviana. Con un modelo comunitario inspirado en la estructura del ayllu, integró el trabajo agrícola, la producción artesanal, la educación bilingüe y la reivindicación cultural como pilares de liberación y dignificación del pueblo indígena frente a la opresión. Fue clausurada en 1940 por presiones del poder político y de los terratenientes, pero su espíritu, ideas y experiencias perduran como una de las propuestas pedagógicas más innovadoras de América Latina.
El primer Congreso Indigenal de 1945, celebrado durante el gobierno de Gualberto Villarroel, congregó a más de mil autoridades indígenas bajo la consigna “Tierra, libertad y educación” como reivindicación histórica de los sectores excluidos. Este clamor social abrió el camino a la Revolución de 1952 y a la promulgación del Código de la Educación de 1955, que por primera vez incorporó la Educación de Adultos, tanto formal y no formal, dentro de la estructura educativa estatal. No obstante, el modelo conservó un carácter asimilacionista, al privilegiar la castellanización y la integración campesina al proyecto nacionalista, sin reconocer plenamente la diversidad cultural ni garantizar una educación bilingüe. Aunque significó el tránsito de una “educación de castas” a una “educación de masas” y sentó bases institucionales relevantes, su enfoque homogeneizante y la limitada calidad educativa redujeron su alcance. Pese a ello, constituyó un antecedente fundamental para las luchas posteriores.
En 1969, sobre la base del Código de la Educación de 1955, la Educación de Adultos dio un paso significativo con la creación de los Centros de Educación Media Acelerada (CEMA), el Instituto Boliviano de Aprendizaje (IBA), la Educación Básica e Intermedia Acelerada (EBA), los Centros Integrados (CI) y los Centros de Educación Técnica Humanística Agropecuaria (CETHA), ampliando el acceso a la educación de jóvenes y adultos que no habían concluido el bachillerato o que requerían cualificación para el trabajo. La diversidad de propuestas estuvo impulsada por la iglesia, organizaciones no gubernamentales y la propia comunidad. Años más tarde, en 1994, el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada promulgó la Ley 1565 de Reforma Educativa, que introdujo principios de interculturalidad y participación popular; sin embargo, la Educación de Adultos volvió a quedar relegada.
En 2010, tras la aprobación de la Constitución Política del Estado Plurinacional, se promulgó la Ley 070 “Avelino Siñani-Elizardo Pérez”. Con ella, las lenguas originarias y los saberes ancestrales de los pueblos indígenas, movimientos sociales y sectores populares encontraron por fin un espacio dentro del sistema educativo. Sus ejes fundamentales como la descolonización, intra e interculturalidad, despatriarcalización y el horizonte del “Vivir Bien”, consolidaron el Subsistema de Educación Alternativa y Especial en el Sistema Educativo Plurinacional (SEP).
Este largo recorrido también dejó avances concretos. En 2008, Bolivia fue declarada “Territorio Libre de Analfabetismo” por la UNESCO, gracias a los programas “Yo Sí Puedo” y “Yo Sí Puedo Seguir”, que permitieron alfabetizar a más de un millón de personas y reducir la tasa de analfabetismo del 13,3% en 2001 al 5,04% en 2022, alfabetizando a más de un millón de personas. El acceso a la educación productiva pasó de 95.087 participantes en 2018 a 119.827 en 2023, un crecimiento del 26% entre las y los trabajadores. Los migrantes bolivianos en 44 países también se beneficiaron con el derecho a la educación a través del Centro Plurinacional de Educación Alternativa a Distancia (CEPEAD), que desde 2014 hasta 2023 brindó formación técnica productiva y bachillerato a más de 18.000 personas. Paralelamente, la matrícula en cursos cortos y largos de Educación Permanente creció de manera significativa: de 39.059 en 2021 a 168.230 en 2023, reflejando la creciente demanda por propuestas desescolarizadas y flexibles. La Certificación de Competencias se convirtió, además, en una herramienta clave de inclusión social, al reconocer y homologar los saberes de más de 103.000 trabajadores entre 2008 y 2025, en el marco del aprendizaje a lo largo de la vida (Fuente: Ministerio de Educación).
De cara a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 2030, el desafío es fortalecer los Centros de Educación Alternativa y profundizar programas dirigidos a productores, organizaciones sociales, pueblos indígenas, migrantes y sectores vulnerables, mediante modalidades flexibles y no escolarizadas. A ello se suma la necesidad de responder a nuevas demandas como la alfabetización digital y financiera, la capacitación para el trabajo, el emprendimiento y el liderazgo comunitario.
A setenta años de camino, la Educación Alternativa se reafirma como un pilar para la inclusión y la justicia social en Bolivia. ¡Felicidades!
(*) Reynaldo Yujra Quispe es Investigador y educador
