El procurador general del Estado, Ricardo Condori, informó este jueves sobre una sentencia histórica en el denominado caso “Banco BIDESA”, un proceso que se extendió por casi tres décadas y que culminó con la condena de ocho exfuncionarios de FONVIS y BIDESA por delitos que ocasionaron un daño económico al Estado de más de $us 4,9 millones.
La Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz dictó sentencia condenatoria por los delitos de organización criminal, uso de instrumento falsificado, incumplimiento de deberes y estafa con víctimas múltiples.
Sentencia
“Después de 28 años se ha logrado una sentencia condenatoria, permitiendo reafirmar al pueblo boliviano nuestro incansable compromiso en la defensa de los intereses, la soberanía y el patrimonio del Estado”, destacó Condori.
Los sentenciados son Miguel Ángel Linares Mercado, con cuatro años de privación de libertad; Javier Fernández Mostajo, también cuatro años; Néstor Portocarrero Zambrana, dos años; Freddy Andrade, dos años; Gustavo Antelo, cuatro años; Juan Félix Ronald Viruez, cuatro años; María René Valencia de Arce, cuatro años; y Daniel Pérez Saucedo, cuatro años.
Además, deberán cancelar multas con costas y responsabilidad a las víctimas y al Estado.
Bidesa
Según la relación de hechos, en octubre de 1995 la Dirección General de Aduanas suscribió con el Banco Internacional de Desarrollo S.A. (Bidesa) un contrato de prestación de servicios para el cobro de tributos aduaneros y accesorios, con la obligación de transferir lo recaudado al Tesoro General de la Nación (TGN).
Sin embargo, hasta el 12 de diciembre de 1997 Bidesa no realizó las transferencias y dispuso ilícitamente de esos recursos.
El 14 de mayo de 1998, el FONVIS presentó la denuncia por la venta irregular de terrenos pertenecientes a esa institución mediante escrituras públicas 222/97 y 223/97 de diciembre de 1997, lo que abrió un proceso penal contra exfuncionarios de FONVIS y Bidesa.
El procurador Condori explicó que, además de los ocho sentenciados, otras ocho personas fueron acusadas por organización criminal y estafa, pero declaradas en rebeldía. La autoridad subrayó que la sentencia constituye un precedente inédito y un triunfo de la Procuraduría General del Estado que promovió una intervención interinstitucional coordinada para garantizar un resultado favorable.
