La Gobernación de La Paz aclaró que no emitió licencias ambientales para actividades mineras en el municipio de Viacha y que actualmente 21 empresas operan en la zona sin autorización departamental.
El gobernador Santos Quispe precisó que las únicas licencias vigentes fueron otorgadas por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua.
“Nosotros, como Gobernación, para aclarar a la población paceña, no hemos dado ninguna licencia ambiental en el municipio de Viacha, actualmente hay 21 empresas mineras que están haciendo su labor sin tener licencia ambiental (por parte de la Gobernación), solamente el Ministerio de Medio Ambiente, del Gobierno central, otorgó”, afirmó la autoridad.
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Viacha
De acuerdo con la Secretaría Departamental de los Derechos de la Madre Tierra, en 2024 se realizaron verificaciones a estas actividades en el marco del Reglamento General de Gestión Ambiental. Este año se retomaron las inspecciones y se constató la existencia de cuatro nuevas licencias nacionales, sumando un total de 10.
Las inspecciones también identificaron operaciones ilegales, incluso con participación de mineros extranjeros. “Se encontró minerías ilegales, a mineros chinos que trabajan ilegalmente. Por tanto, el control y fiscalización debe realizar el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, pero no hace el trabajo correspondiente”, enfatizó Quispe.
Como resultado, la Gobernación activó 16 procesos administrativos sancionatorios en cumplimiento al Decreto Supremo 28592, que establece medidas de prevención y mitigación ambiental.
El secretario departamental de los Derechos de la Madre Tierra, Jhonny Zapana, aclaró que la Gobernación solo otorga licencias para actividades menores a 300 toneladas de explotación, mientras que las operaciones de beneficio o concentración, como la lixiviación de oro, estaño, plata, cobre y antimonio, deben ser reguladas por el Gobierno central.
“Nos cerraron las puertas, no nos dejaron hacer la inspección, tenemos conocimiento que hasta la fecha no tienen los requisitos, no tiene la licencia ambiental”, afirmó Zapana.
El funcionario insistió en que la fiscalización debe ser coordinada, pero no puede reemplazar las competencias nacionales.
