Antes de iniciarse la audiencia cautelar para revisar los plazos procesales en las detenciones preventivas de Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, el procurador general del Estado, Ricardo Condori, explicó los motivos por los que no podrían ser puestos en libertad.
Pese a que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) recomendó que se revise sus casos, debido a que se encuentran detenidos desde 2021 y 2022, Condori explicó que la ley ordena mantener la detención preventiva por más tiempo cuando el delito investigado es atentar contra la seguridad del Estado, es decir, terrorismo.
“Pero fíjese lo que dice la ley: ‘excepto en delitos de corrupción y también en seguridad del Estado’, que es un caso, evidentemente, de terrorismo. Por esta versión de la ley, no del abogado, no procedería la liberación”, detalló el procurador en conferencia de prensa.
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Camacho y Pumari
La postura del TSJ desató opiniones divididas ante la posible liberación de Pumari, Camacho y Jeanine Añez, aunque en el caso de la expresidenta la situación es diferente, pues ya enfrenta una sentencia de 10 años de cárcel por el caso Golpe de Estado II. Los otros dos todavía no son declarados culpables o inocentes.
Además, Condori recordó que la situación de Camacho y Pumari es diferente a la de los miles de privados de libertad que reclaman que también se revise sus casos, pues se encuentran en la etapa de juicio, tras varios años recopilando pruebas del caso Golpe de Estado I.
“Cuando la duración excede los 12 meses sin que se haya dictado acusación (…), pero ya hemos superado ese elemento porque nos encontramos en juicio. Evidentemente, tenemos una acusación”, afirmó.
Hechos
Los exlíderes cívicos son investigados por su participación en los hechos que desembocaron en la renuncia del expresidente Evo Morales en 2019. Ambos promocionaron y encabezaron protestas y manifestaciones denunciando que hubo fraude electoral en las elecciones de ese año.
Según el procurador, no se puede proceder a la liberación porque las pruebas son contundentes e incluso están avaladas por organismos internacionales que ordenaron investigar los hechos en la crisis política y social de 2019.
“¿Qué les decimos a ellos? ¿Qué le vamos a responder a la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando ha hecho un grupo de trabajo y el grupo de trabajo ha explicado y fundamentado que se debe investigar, pero sobre todo sancionar?”, cuestionó a los periodistas.
Además, Condori señaló que los implicados también están involucrados en otros nueve procesos, por lo que existe “riesgo de fuga y riesgo de obstaculización” en caso de que sean puestos en libertad.
