Los reclusos de distintas cárceles del país se declararon en emergencia nacional exigiendo al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) extender el beneficio de la revisión de plazos de detención preventiva a todos los reclusos.
El pedido surge después de que esa medida fuera anunciada únicamente para los casos de la expresidenta Jeanine Áñez, el gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el expresidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) Marco Antonio Pumari.
revisión de privados
En un pronunciamiento público, los delegados de los privados de libertad de Palmasola (Santa Cruz) y de Villa Busch (Pando) expresaron su molestia, y señalaron que un trato diferenciado vulnera el principio de igualdad ante la ley. “Nos declaramos hoy día, a partir del domingo 24 de agosto del 2025, en estado de emergencia pacífica nacional (…) porque creemos que somos iguales ante la ley. Si bien somos privados de libertad, también tenemos derecho e igualdad”, manifestó uno de los delegados.
El reclamo surgió luego de que el TSJ instruyera a los jueces verificar, en un plazo máximo de 24 horas desde la notificación, el cumplimiento de los plazos legales en las medidas de detención preventiva de Áñez, Camacho y Pumari.
Decisión del TSJ
El instructivo señala que “todas las autoridades jurisdiccionales, en todos los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado boliviano, de manera inmediata y dentro de las facultades constitucionales, convencionales y legales que les invisten, en el plazo de 24 horas computables desde su notificación con la presente disposición, procedan a la verificación del cumplimiento de plazos de la medida cautelar personal de detención preventiva en todos los procesos que tuvieran”.
Áñez cumple una condena de 10 años de prisión por resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes en el caso denominado Golpe de Estado II, referido a su proclamación como presidenta en 2019 sin juramento ni quórum legislativo.
Revisión de procesos
Camacho y Pumari, por su parte, cumplen detención preventiva por los hechos de violencia que precipitaron la renuncia del expresidente Evo Morales en noviembre de ese mismo año. Ambos también enfrentan otros procesos judiciales. Se trata del caso Golpe de Estado I.
Camacho y Pumari fueron convocados a una audiencia este lunes para revisar la legalidad de sus órdenes de detención preventiva. Ante esa situación, los reclusos exigieron que la disposición se aplique de manera universal.
Reclamo
“Que también se curse para todos y sea extensiva para todos los privados de libertad en Bolivia (…). Que también puedan tener la posibilidad de salir libres aquellos que estamos detenidos preventivamente en toda Bolivia y que no ha habido ese favoritismo como lo ha habido con los tres compañeros”, reclamó el delegado.
La decisión del TSJ sigue causando repercusiones, principalmente en el ámbito político.
