Romer Saucedo, presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), afirmó que las malas prácticas judiciales en el país deben llegar a su fin. La autoridad judicial señaló que los plazos de la detención preventiva no pueden exceder los 180 días y, en caso de haberse cumplido, corresponde aplicar los procedimientos que permitan la libertad de los procesados, siempre que se verifiquen las condiciones legales de cada caso.
El titular del TSJ advirtió que las irregularidades y retrasos en los plazos procesales responden a una “mala costumbre” instalada en el sistema judicial, la cual —aseguró— debe terminar. “La mala costumbre y la mala práctica judicial deben acabarse ya; el mensaje que damos al país es claro”, dijo en entrevista con Red Uno.
Romer Saucedo
El viernes, el TSJ decidió revisar los plazos de detención en los procesos penales que involucran a la expresidenta Jeanine Áñez Chávez, al gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y al exlíder cívico Marco Antonio Pumari. El objetivo, explicó, es garantizar el debido proceso y evitar arbitrariedades.
Destacó que, bajo la nueva línea institucional, el Ministerio Público empezó a actuar con mayor objetividad y a dar cumplimiento a las resoluciones que emite el Tribunal Supremo de Justicia.
Puede leer: Inca dice que decisión del TSJ no beneficia a Áñez por tener sentencia
Consultado sobre la dimensión política y mediática que implica a estos casos, Saucedo defendió la independencia del Órgano Judicial. “Yo no me meto en las atribuciones del Órgano Ejecutivo ni de la Asamblea Legislativa, ni del Tribunal Electoral. Entonces, tampoco se metan en las atribuciones que tiene el Órgano Judicial, porque hemos venido a hacernos respetar”, subrayó.
Justicia
El titular del TSJ explicó que este tipo de revisiones procesales no se aplicaban en gestiones anteriores. Eso, debido a la falta de directrices claras desde la presidencia del Tribunal. Esa ausencia de liderazgo, añadió, generaba vacíos que impedían definir los roles de cada instancia dentro del sistema de justicia.
Con este anuncio, Saucedo dijo que busca sentar un precedente institucional que contribuya a la “transparencia y al respeto” de los derechos fundamentales de las personas procesadas en Bolivia.
