Luego de que el Gobierno no los convocara al diálogo, la Federación Andina de Choferes Primero de Mayo de la ciudad de El Alto y la Federación de Transporte Pesado formalizaron su propuesta para traer combustible al país.
De acuerdo con Antonio Rocha, asesor legal de la Federación Andina, un consorcio de empresarios privados, internacionales y nacionales, está interesado en traer diésel y gasolina del mercado extranjero a un costo de aproximadamente Bs 3 el litro en 10 días. Indicó que la documentación está lista, solo falta el visto bueno del Gobierno.
“Una vez firmado el contrato, el combustible estaría llegando al país entre 10 y 15 días. El costo que estamos ofreciendo es de 3,07 bolivianos”, afirmó este miércoles en conferencia de prensa.
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Combustible
De acuerdo con el jurista, el consorcio de empresarios propone un “crédito de combustible” que tendrá una duración de 12 meses, pero se puede ampliar hasta 18. Durante ese periodo, se tiene programada la llegada de seis buques mensuales con carburantes: dos de gasolina y cuatro de diésel.
En total, se estima la llegada de 40.000 o 50.000 toneladas métricas de combustible de la mejor calidad al país. Rocha explicó que el consorcio interesado está “inclusive ofreciendo una garantía bancaria para el cumplimiento de este contrato”.
Reynaldo Luna, secretario ejecutivo de la Federación Andina de Choferes, indicó que la propuesta es una prueba de que “nunca existió la subvención de combustible” por parte del Gobierno y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
“No es como dicen (…), solamente ha habido sobreprecio, robo. ¿Cuánto se lo han llevado los intermediarios?”, fustigó Pedro Quispe, dirigente del transporte pesado.
El sector anunció un ampliado que se podría realizar el viernes para definir medidas de presión en caso de que el Gobierno no dé visto bueno a su propuesta. Luna señaló que su sector lo único que quiere es trabajar, pues operan al 50% de su capacidad, debido a la escasez de combustible.
Por ello, los conductores aclararon que cualquier medida de presión no tendrá fines políticos, sino que se vela por los intereses de los transportistas.
