Los avasallamientos no otorgan ningún derecho sobre la propiedad privada ni implican la dotación de tierras, aseguró este martes el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores.
“La tierra se distribuye de manera legal, transparente y con justicia social. No a la fuerza, no con violencia, tampoco atropellando derechos de otros ciudadanos. El avasallamiento no te da derecho a optar ni siquiera a un pedazo de tierra”, dijo Flores, en conferencia de prensa.
Así se refirió el ministro a los casos de avasallamiento que se denunciaron la semana pasada en Santa Cruz, donde avasalladores armados tomaron el predio Santa Rita, en la provincia Guarayos, donde incluso hirieron de bala a un trabajador.
Además, el ministro aseguró que el Gobierno garantizará la seguridad jurídica en el campo para proteger a los pequeños productores, a las comunidades indígenas y sobre todo al que trabaje la tierra en el marco legal.
Flores garantizó que el Gobierno acompañará el trabajo de la Policía y el Ministerio Público para que se sancione a los responsables de los avasallamientos en el país. Tras la toma de la hacienda Santa Rita, no se reportó ningún aprehendido.
“Están equivocados los que se entran a propiedades que no están saneadas o están en proceso de saneamiento y piensan que van a lograr alguna titularidad, eso es falso”, remarcó.
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Tierra
Respecto al predio Santa Rita aseguró que son más de 4.000 hectáreas que aún están en proceso de saneamiento y dijo que harán respetar las medidas precautorias en toda esa zona para resguardar las propiedades.
Pidió, además, a la Asamblea Legislativa la aprobación de un crédito de $us 40 millones de dólares para la gestión de saneamiento del 100% del territorio. “Hasta ahora está saneado el 96% y el restante está en esos lugares de conflicto”, complementó.
La semana pasada, tras la toma de la hacienda Santa Rita, la directora de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Elvira Lucia Achu Quispe, informó que ese predio se encuentra dentro de la reserva forestal Guarayos y su resolución de saneamiento está impugnada en el Tribunal Agroambiental.
Remarcó que en tanto no se concluya con el proceso y se entregue o se niegue el título ejecutorial, el INRA tiene la obligación de garantizar la seguridad y derecho de ese predio.
