El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas coincide con la calificadora Standard & Poor’s (S&P) en que la polarización política y el bloqueo de la Asamblea Legislativa son factores determinantes en la rebaja de la calificación de riesgo de Bolivia.
S&P redujo la calificación soberana del país desde “CCC+” a “CCC-” con perspectiva negativa, argumentando que las “disputas políticas en medio de las próximas elecciones limitarán la capacidad del gobierno para abordar los desequilibrios macroeconómicos, como una brecha cada vez mayor en el tipo de cambio paralelo y el aumento de la inflación”.
Según un reporte de Economía, el estancamiento político y una Asamblea Legislativa opositora limitan la capacidad del Gobierno para asegurar financiamiento externo y mantener la estabilidad económica.
“S&P Global Ratings incluyó en su análisis los argumentos del Gobierno boliviano para explicar la situación económica del país. En su informe consideró aspectos como ‘las intensas divisiones políticas antes de las elecciones nacionales de mediados de agosto han limitado la capacidad del Gobierno para acceder a financiación externa y abordar los desequilibrios económicos’”, dice la respuesta del Ministerio de Economía.
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Economía
Y resalta que las tensiones políticas en la Asamblea Legislativa, incluyendo el boicot y el bloqueo a la gestión económica del presidente Luis Arce, “son las principales causas de la baja en la calificación”.
Además, remarcó que, pese al asedio político, al freno de la Asamblea Legislativa para la aprobación de créditos, bloqueo de caminos del evismo, altas tasas de interés en el mercado internacional, el Gobierno continúa realizando esfuerzos para cumplir con el pago de la deuda externa.
Informó que, al 30 de abril de 2025, Bolivia cumplió con el 38% del total de la deuda pública externa programada para la gestión, equivalente a $us 585 millones.
“Sin embargo, el retraso y bloqueo por parte de la Asamblea en la aprobación de préstamos externos, principalmente destinados a inversión pública, ha ocasionado la salida neta de capitales por un total de US$ 1.337 millones hasta abril de 2025”.
Esa cartera indicó que realiza acciones conducentes a precautelar la sostenibilidad de la deuda con acciones de manejo de deuda relacionadas con tasas de interés y conversiones de moneda.
Además, la operación de manejo de pasivo de bonos soberanos realizada en 2022, “lo que ha permitido generar ahorros para el Estado y mejorar la composición de la cartera de deuda”.
Asimismo, mantiene la activa gestión de nuevos financiamientos con organismos multilaterales y bilaterales.
