El procurador general del Estado, Ricardo Condori, informó este lunes que la deportación del exministro de Gobierno Arturo Murillo dependerá de una decisión política del Gobierno de Estados Unidos.
“Considerando los antecedentes, si no existe una solicitud de asilo, ningún obstáculo legal ni alguna observación, en un máximo de dos semanas Murillo ya debería pisar suelo boliviano”, declaró Condori.
Murillo fue liberado el viernes de una cárcel federal en Estados Unidos y trasladado a un centro de migrantes en Florida. En Bolivia se espera su retorno debido a los procesos judiciales que enfrenta.
El exministro fue condenado el 4 de enero de 2023 a 70 meses de prisión por conspiración para lavar sobornos, en el marco de un caso de corrupción relacionado con la adquisición de material antidisturbios, que involucró a una empresa estadounidense.
Sobre su posible deportación, Condori explicó que se manejan varios escenarios. Uno de ellos es que el Gobierno estadounidense lo deporte directamente a Bolivia, considerando sus antecedentes judiciales.
Sin embargo, advirtió que la defensa de Murillo podría alegar dos alternativas. El primero es la solicitud de asilo político o pedir que sea deportado a un tercer país.
“En el primer caso, tendría que demostrar razones válidas para el asilo, lo cual no corresponde, ya que no se trata de un tema político ni de persecución”, precisó Condori.
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Respecto a la segunda opción, explicó que solo sería posible si Murillo tuviera una segunda nacionalidad, lo cual no está registrado. “Por tanto, lo que corresponde es que sea deportado directamente a Bolivia para que se someta a la justicia”, afirmó.
Murillo tiene ocho procesos abiertos ante la justicia boliviana. De ellos, dos ya cuentan con sentencia, dos llegaron a la etapa de juicio oral, otros dos se encuentran en etapa preliminar y los otros dos en la etapa preparatoria.
Sentencia
En la justicia boliviana, Murillo fue sentenciado dentro el caso gases Ecuador y gases Lacrimógenos. Por el primero recibió una sentencia de cinco años y por el otro tiene una condena de ocho años.
También la exautoridad enfrenta cargos por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes, entre otros.
Condori aseguró que el Estado boliviano, a través de sus instancias diplomáticas y de la Procuraduría, ha informado formalmente al Departamento de Estado de EEUU sobre las causas y sentencias pendientes.
“Esperamos que esto sea considerado por las autoridades competentes para su pronta deportación y que no exista ninguna causa para que permanezca allá”, aseveró.
